Por segunda vez, la justicia colombiana ordenó al presidente Gustavo Petro hacer pública la totalidad de la información relacionada con la compra de los aviones de combate Gripen, en un nuevo fallo que refuerza los principios de transparencia y acceso a la información pública.

La decisión judicial ratifica lo dispuesto previamente por el Juzgado 29 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que había fallado a favor de una acción de tutela interpuesta en diciembre del año anterior por el candidato presidencial David Luna. En dicha sentencia ya se exigía al Gobierno Nacional entregar los detalles del contrato, orden que no fue acatada en su momento.

Desacato y nuevo pronunciamiento judicial

Ante el incumplimiento de la primera decisión, Luna presentó un incidente de desacato, solicitando que se obligara al Ejecutivo a revelar un contrato financiado con recursos públicos y que, hasta ahora, se mantenía bajo reserva. El nuevo fallo fue enfático al señalar que no existe justificación legal para ocultar la información relacionada con esta adquisición militar.

El juez reiteró que la ciudadanía tiene derecho a conocer los términos, condiciones y criterios que sustentaron la compra, en concordancia con los principios constitucionales de control democrático, transparencia y rendición de cuentas.

Una compra bajo escrutinio público

La adquisición de los aviones Gripen ha sido calificada como una de las decisiones más costosas del Estado colombiano en materia de defensa, lo que incrementa la exigencia de claridad sobre el manejo de los recursos públicos. Desde distintos sectores se ha advertido que el país debe conocer a fondo cómo se estructuró el contrato y bajo qué parámetros se tomó la decisión.

Obligación constitucional

El fallo recuerda que cumplir las órdenes judiciales no es una opción discrecional ni una concesión política, sino una obligación constitucional que sustenta el Estado de derecho. La justicia dejó claro que la reserva injustificada de información pública vulnera derechos fundamentales y debilita la confianza institucional.

Desde lavibrante.com seguiremos atentos al cumplimiento de esta orden judicial y a las implicaciones políticas y administrativas que se deriven de la publicación del contrato.