Las autoridades del departamento del Atlántico anunciaron una estrategia integral para combatir el juego ilegal, una práctica que continúa afectando de manera directa los recursos destinados al sistema de salud. La decisión se adoptó durante la instalación del primer Comité Departamental contra el Juego Ilegal de 2026, convocado por la Gobernación con el objetivo de coordinar acciones entre las distintas entidades encargadas de la seguridad, la justicia y la regulación de los juegos de azar.

El encuentro reunió a representantes de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el Departamento de Policía Atlántico, unidades de investigación criminal, la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría del Interior departamental, Edusuerte y la empresa concesionaria del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar en el territorio. Durante la sesión se establecieron nuevas medidas para intensificar los operativos contra esta actividad ilícita y fortalecer los procesos judiciales que buscan desarticular las redes que operan el juego ilegal.

De acuerdo con el análisis presentado por las autoridades, existen puntos críticos donde se concentra con mayor fuerza esta actividad. Barranquilla, Baranoa, Malambo, Soledad y Sabanalarga fueron identificados como los municipios con mayor incidencia de casos relacionados con apuestas clandestinas y comercialización ilegal de chance.

El asesor del despacho del gobernador, Armando de la Hoz, explicó que la articulación entre las instituciones permitirá aumentar la efectividad de los operativos y avanzar en resultados concretos frente a este delito. Según indicó, cada apuesta que se realiza por fuera de la legalidad representa una pérdida directa para los recursos públicos que financian servicios esenciales como la atención en salud.

La administración departamental enfatizó que la lucha contra el juego ilegal no solo busca sancionar a quienes promueven estas prácticas, sino también fortalecer la cultura de legalidad en el sector de los juegos de suerte y azar. El objetivo es garantizar que los recursos generados por esta actividad lleguen de manera transparente al financiamiento del sistema de salud del departamento.

Las autoridades también advirtieron que el impacto económico del juego ilegal es considerable. Según cifras presentadas durante el comité, en el Atlántico cerca de 1,6 millones de personas hacen parte del régimen subsidiado de salud, sistema que depende en gran medida de los recursos provenientes del monopolio rentístico de juegos de azar. Solo en 2025, este sector aportó alrededor de 15.000 millones de pesos destinados a la atención médica de la población más vulnerable.

Sin embargo, el crecimiento de las apuestas ilegales reduce significativamente esos ingresos y limita la capacidad de inversión en hospitales, centros de salud y programas de atención para los ciudadanos. Esta situación fue señalada como uno de los principales motivos para fortalecer las acciones de control y judicialización contra quienes operan estas redes.

Durante la reunión también se alertó sobre el estado de los procesos judiciales relacionados con este delito. De acuerdo con las autoridades, existen aproximadamente 3.000 casos que se encuentran en trámite y que podrían prescribir si no se agilizan las investigaciones. Ante este panorama, se acordó enviar una solicitud formal a la Fiscalía para reforzar el equipo encargado de adelantar estos procesos y evitar que queden sin sanción.

Además del impacto económico, los organismos de seguridad señalaron que el juego ilegal suele estar vinculado a otras economías criminales. Según los análisis presentados, esta actividad puede convertirse en una fuente de financiación para delitos como la extorsión, el microtráfico y la compra ilegal de armamento, lo que representa una amenaza adicional para la seguridad ciudadana.

Las autoridades también identificaron nuevas modalidades de operación utilizadas por estas redes ilegales, entre ellas apuestas deportivas clandestinas, casinos que funcionan sin autorización y plataformas digitales que operan a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, lo que dificulta su control y seguimiento.

Como resultado del comité, las entidades participantes acordaron implementar una serie de medidas orientadas a frenar la expansión de estas prácticas. Entre las acciones definidas se encuentra el fortalecimiento de operativos y allanamientos contra redes de apuestas ilegales, el trabajo conjunto con la Fiscalía para evitar la prescripción de procesos judiciales y la implementación de operativos focalizados en los municipios con mayor incidencia.

También se decidió involucrar a las alcaldías y autoridades locales en el desarrollo de estrategias territoriales que permitan reforzar el control en cada municipio, además de avanzar en estudios técnicos que permitan medir con mayor precisión el impacto económico del juego ilegal en el departamento.

La Gobernación del Atlántico reiteró que continuará liderando esta estrategia institucional con el propósito de proteger las rentas públicas y garantizar que los recursos generados por el sector de juegos de azar se destinen de manera efectiva al fortalecimiento del sistema de salud y al bienestar de los ciudadanos.

El comité acordó realizar nuevas sesiones de seguimiento en las próximas semanas para evaluar los avances de las acciones implementadas y coordinar nuevas medidas que permitan reducir la presencia del juego ilegal en el departamento.