La atención gratuita para los animales de compañía, el fortalecimiento de los ingresos familiares y una mayor protección para mujeres y niños hacen parte de las principales propuestas que María Irma Noreña busca llevar al Senado de la República.

Uno de los puntos centrales de su agenda legislativa es la creación del Hospital Público Veterinario como una política pública de alcance nacional. La iniciativa plantea un modelo financiado con recursos del Estado, que permita garantizar atención veterinaria gratuita y de calidad, bajo estándares unificados en todo el país. La propuesta parte del reconocimiento de los animales como integrantes de las familias colombianas y busca aliviar la carga económica que enfrentan los hogares más vulnerables en el cuidado de sus mascotas.

En el ámbito económico, Noreña plantea impulsar la independencia financiera de mujeres y jóvenes a través de programas de microcréditos, fortalecimiento del emprendimiento y acceso efectivo a capital productivo. El objetivo es promover la generación de ingresos propios, mejorar la estabilidad económica de las familias y reducir los niveles de informalidad y dependencia económica.

La protección de las mujeres también ocupa un lugar prioritario dentro de su agenda. Desde el Congreso, la candidata propone el impulso de centros de defensa personal, rutas de atención más efectivas y políticas orientadas a garantizar entornos seguros. Estas acciones buscan prevenir la violencia de género y fortalecer la confianza de las mujeres en sus comunidades y espacios cotidianos.

En cuanto a la niñez, María Irma Noreña ha señalado la importancia de priorizar la primera infancia mediante recursos y programas nacionales que aseguren una atención integral por parte del Estado. Su planteamiento apunta a garantizar condiciones dignas desde los primeros años de vida y a ampliar las oportunidades para el desarrollo de niños y niñas en todo el país.

Con estas propuestas, María Irma Noreña aspira a llegar al Senado con una agenda enfocada en el cuidado, la familia y la justicia social, trasladando al escenario legislativo nacional iniciativas que, según ha señalado, han tenido impacto en los territorios y en la vida cotidiana de las comunidades.