La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) lanzó una fuerte advertencia ante las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien insinuó una posible revocatoria al Congreso si no se aprueba la consulta popular impulsada por su Gobierno. Para el gremio, este tipo de amenazas son inaceptables y constituyen una presión indebida que pone en jaque el equilibrio de poderes y la solidez democrática del país.

A través de un comunicado difundido este viernes, la Andi expresó su preocupación por lo que considera un intento del Ejecutivo de interferir en la autonomía del Congreso. “Son inaceptables las amenazas de revocatoria emitidas desde la Presidencia de la República, dirigidas al Congreso, en caso de no aprobarse la consulta popular”, aseguró el gremio, insistiendo en la necesidad de respetar los límites institucionales establecidos por la Constitución.

La organización recalcó que la democracia colombiana se basa en la separación de poderes y que los funcionarios públicos, especialmente aquellos con mayor autoridad, tienen el deber de preservar y no vulnerar esta arquitectura institucional. “La Constitución y la democracia nos imponen límites a todos, especialmente a las personas con mayor poder y responsabilidad”, puntualizó la Andi.

Este pronunciamiento se produce en un ambiente marcado por la polarización política y el debate sobre las reformas estructurales que el Gobierno busca llevar a consulta, incluyendo posibles cambios en salud, pensiones y justicia. Para muchos analistas y gremios, este camino podría representar un intento de eludir los contrapesos del sistema representativo.

La Andi también subrayó que en una democracia robusta, cada institución debe operar con plena libertad e independencia, sin presiones provenientes de otras ramas del poder ni de sectores arbitrarios. “El papel del Ejecutivo no puede consistir en coaccionar al Legislativo, sino en promover el diálogo y el consenso”, añadió el gremio.

Finalmente, el comunicado cierra con un llamado a proteger y fortalecer la democracia, advirtiendo que el Estado debe ser el primer garante del respeto institucional y del correcto funcionamiento del sistema político. La voz de la Andi se suma así a un creciente coro de sectores preocupados por la manera en que el Gobierno está manejando su relación con el Congreso y los mecanismos de participación ciudadana.