La investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sumó un nuevo capítulo tras confirmarse que uno de los testigos fundamentales del proceso ha sido objeto de amenazas de muerte, lo que encendió las alertas dentro del ente acusador y obligó a activar medidas de protección urgentes.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, reveló que esta persona, considerada pieza clave dentro del caso, ya se encuentra bajo evaluación de riesgo por parte del programa de protección de testigos. Según explicó, las autoridades analizan el nivel de peligro al que está expuesto para definir las acciones necesarias que garanticen su seguridad.

El testigo en cuestión sería Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, quien tiene un papel determinante en el proceso que investiga presuntas irregularidades en la compra de un exclusivo apartamento ubicado en el norte de Bogotá. Su testimonio es considerado esencial para esclarecer los hechos que rodean esta operación inmobiliaria y las decisiones que se habrían tomado desde el interior de la compañía petrolera.

El caso gira en torno a la adquisición de un penthouse cuyo valor comercial superaría los 2.700 millones de pesos, pero que habría sido comprado por cerca de 1.800 millones, lo que representa un descuento cercano al 34 %. De acuerdo con la Fiscalía, este beneficio económico estaría relacionado con supuestas gestiones indebidas para favorecer a terceros en contratos asociados al sector energético.

En medio de la imputación de cargos, el ente investigador sostiene que Roa habría utilizado su posición para influir en decisiones empresariales que beneficiaban intereses particulares, específicamente en la adjudicación de proyectos vinculados a la filial Hocol. Estas actuaciones forman parte del proceso por presunto tráfico de influencias que actualmente enfrenta el alto directivo.

Pese a la gravedad de las amenazas, la fiscal Camargo fue enfática en señalar que, por ahora, no existe evidencia que permita atribuir su origen directamente a Ricardo Roa. El enfoque de la Fiscalía se mantiene en garantizar la protección del testigo y avanzar en la recolección de pruebas que permitan esclarecer el caso.

El episodio ha generado preocupación en el ámbito judicial, ya que pone en evidencia los riesgos a los que pueden enfrentarse quienes participan en procesos de alto impacto. Además, refuerza la importancia de los mecanismos de protección para asegurar que los testigos puedan aportar información sin presiones ni intimidaciones.

Este proceso se suma a otros frentes judiciales que rodean al presidente de Ecopetrol, consolidando un escenario complejo que mantiene la atención de la opinión pública y de las autoridades. Mientras avanzan las investigaciones, la seguridad del testigo se convierte en una prioridad para garantizar la transparencia y el desarrollo adecuado del caso.