El exmandatario Álvaro Uribe ha presentado un escrito recusando al fiscal primero de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien solicitó imputarle cargos y llevarlo a juicio por fraude procesal y soborno. Uribe solicita que el expediente sea remitido a sus superiores para que designen un nuevo fiscal que garantice la imparcialidad y objetividad del proceso.

En su escrito, que deberá ser resuelto en primera instancia por el fiscal Villarreal, Uribe menciona seis causales para recusarlo. Este procedimiento no suspende los términos del proceso en su contra. Uribe argumenta que existen circunstancias objetivas que ponen en duda la imparcialidad del fiscal, especialmente por su relación de cercanía con los doctores Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, quienes se acreditaron como víctimas en el proceso contra Uribe.

El expresidente señala que Villarreal trabajó bajo la administración de Montealegre y Perdomo, y sostiene que su relación cercana con ellos afecta su imparcialidad. Uribe añade que la adición al escrito de acusación, realizada por Villarreal, permitió a sus antiguos jefes postularse como víctimas, lo que demuestra un posible interés personal en el caso.

Uribe cita intervenciones específicas del fiscal, como la ocurrida en la audiencia del 24 de mayo de 2024, donde Villarreal se opuso al recurso de la defensa y pidió que se confirmara el reconocimiento de Montealegre y Perdomo como víctimas. Uribe sostiene que esta intervención refleja prejuicios graves en su contra, cuestionando la imparcialidad del fiscal.

En su conclusión, Uribe argumenta que las acciones del fiscal encajan en las causales de recusación según el artículo 56 de la ley 906 de 2004, y que la imparcialidad del fiscal está desacreditada. También menciona que el fiscal dejó vencer el término del artículo 175 de la ley 906 de 2004 respecto a las conductas por las que no lo acusó, lo que refuerza la aplicabilidad del artículo 56 de la misma ley.

Las audiencias preparatorias en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe serán el 10, 11 y 12 de julio y el 5, 6, 8 y 9 del presente año. Así fue acordado por la jueza 44 de conocimiento de Bogotá con las partes involucradas.