La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, revocando así la sentencia condenatoria que había sido dictada en primera instancia. Con esta decisión, el alto tribunal cerró uno de los procesos judiciales más controvertidos en la historia reciente del país, al concluir que no existen pruebas suficientes que demuestren la responsabilidad penal del exmandatario.

El fallo, leído en la mañana de este martes, determinó que las pruebas presentadas durante el juicio —entre ellas declaraciones de exparamilitares y grabaciones telefónicas— no cumplían con los requisitos de validez procesal. Los magistrados precisaron que la jueza 44 de conocimiento incurrió en omisiones al momento de valorar los testimonios de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Deyanira Gómez, lo que restó credibilidad a los argumentos de la acusación.

El Tribunal también decidió excluir como prueba la interceptación telefónica a la línea del expresidente, al considerar que fue obtenida de manera irregular y violó su derecho a la intimidad. No obstante, mantuvo las interceptaciones entre Uribe y su abogado Diego Cadena, argumentando que su exclusión debía resolverse dentro del juicio oral y no anticipadamente.

En su análisis, la corporación descartó la solicitud de nulidad presentada por la defensa, basada en la doctrina del “fruto del árbol envenenado”. Según los magistrados, no se configuraron irregularidades procesales que afectaran la validez del fallo anterior, por lo que el procedimiento judicial fue considerado conforme a derecho.

Asimismo, el Tribunal absolvió a Uribe de las acusaciones relacionadas con presuntos pagos al exparamilitar Carlos Enrique Vélez y otros testigos, al concluir que no existían elementos probatorios que vincularan al exmandatario con dichas acciones. De igual forma, se ratificó su inocencia frente al testimonio de Juan Guillermo Monsalve, uno de los ejes centrales del proceso.

El fallo responde a los recursos de apelación presentados tanto por la defensa de Uribe como por la Procuraduría General de la Nación, que cuestionaron la decisión de primera instancia por errores de valoración probatoria y vulneraciones a la presunción de inocencia.

El proceso judicial contra el expresidente se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al entonces senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. En 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia y, en cambio, abrió una investigación contra Uribe, dando inicio a un largo recorrido judicial que incluyó dos solicitudes de preclusión negadas por la Fiscalía.

Con esta decisión, el Tribunal Superior de Bogotá da cierre a un caso que por más de una década marcó el debate político y judicial en Colombia. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República y líder del Centro Democrático, queda absuelto de todos los cargos, mientras el país vuelve a centrar su atención en las implicaciones políticas y jurídicas que deja este fallo histórico.