La empresa Air-e Intervenida continúa reforzando sus acciones para combatir el delito de defraudación de fluidos en la región Caribe. En las últimas horas, fueron detectados nuevos casos de fraude de energía en fábricas y establecimientos comerciales de los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.

En el Atlántico, la compañía identificó dos casos relevantes. El primero ocurrió en una fábrica de bolsas plásticas ubicada en el barrio El Rosario de Barranquilla, donde se descubrió un equipo de medida manipulado que registraba una carga inferior a la realmente contratada. El segundo se presentó en una fábrica de dotación y uniformes en el municipio de Baranoa, donde se encontró una conexión directa a un transformador ilegal.

Durante las inspecciones también se halló un servicio directo, sin medidor, en un cuarto frío de almacenamiento de verduras en el barrio Villanueva de Barranquilla, en la carrera 42C con calle 6.

En el departamento del Magdalena, los técnicos de Air-e encontraron irregularidades en una pescadería del barrio El Mercado de Santa Marta, donde un medidor electrónico tenía dos líneas directas por fuera de la medida. Asimismo, en un casino y bar del sector Centro se detectó un servicio directo que eludía el sistema de medición, mientras que en un hotel de Taganga se halló un medidor perforado en la parte posterior y fuera de su rango normal de operación.

Por su parte, en La Guajira también se descubrieron múltiples casos. En una reconocida discoteca del barrio Centro de San Juan del Cesar se detectó una línea directa fuera del medidor. En el municipio de Albania, una recicladora estaba conectada directamente a un transformador de 45 KVA sin contar con medidor, y en el kilómetro 1 se reportó otra conexión irregular a un transformador de 25 KVA.

Finalmente, en el sector de Cuestecitas, también en Albania, se encontró un equipo de medida quemado y con el cable de señal en mal estado dentro de una estación de servicio.

Air-e reiteró que continuará ejecutando operativos en toda su zona de cobertura para combatir el fraude de energía, una práctica ilegal que afecta la calidad del servicio, pone en riesgo la seguridad de las comunidades y genera millonarias pérdidas a la empresa y al sistema eléctrico nacional.