La empresa Air-e Intervenida continúa reforzando sus operativos contra el hurto de energía en la región Caribe. En su más reciente jornada de inspecciones, fueron detectadas 12 irregularidades en equipos de medida en un conjunto residencial ubicado en el norte de Barranquilla, específicamente en el condominio Alameda Campestre, en la calle 98 con carrera 64. Durante la revisión técnica, se hallaron ocho líneas directas conectadas a las borneras de los medidores y cuatro equipos con signos de manipulación en los sellos de la tapa principal.

En Salgarito, jurisdicción de Puerto Colombia, operarios descubrieron una acometida ilegal instalada de forma subterránea en inmediaciones de la calle 5B con carrera 16. Para ubicar la conexión clandestina fue necesario realizar excavaciones, evidenciando una estrategia para evadir el pago real del servicio eléctrico.

Otros casos también fueron detectados en el área metropolitana. En el barrio San Roque, en Barranquilla, un billar funcionaba con servicio directo a pesar de tener medidor instalado. En Malambo, una bodega en la carrera 5 sur con calle 3B contaba con un transformador ilegal y no figuraba en el sistema comercial de la empresa. De igual forma, en el barrio Las Flores, un restaurante y un establecimiento con cuarto frío operaban con conexiones directas a los medidores.

La ofensiva también se extendió a los departamentos de Magdalena y La Guajira. En Santa Marta, barrio Ciudad Equidad, se halló una clínica conectada ilegalmente con un transformador trifásico directo a la red. En Maicao, en el barrio Alto Prado, una estación de servicio tenía el medidor manipulado, y el motel Clímax fue sorprendido con una acometida subterránea que nacía desde un poste cercano.

Air-e reiteró su llamado a la ciudadanía para hacer un uso legal y consciente del servicio de energía. La empresa recordó que el hurto de energía eléctrica es un delito tipificado como defraudación de fluidos, que puede acarrear penas de hasta seis años de prisión y sanciones económicas que alcanzan los 150 salarios mínimos legales vigentes.

Actualmente, la compañía, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, lidera cerca de 700 procesos penales activos relacionados con el hurto de energía en la región Caribe.