La crisis financiera de Air-e, empresa intervenida por el Gobierno desde septiembre de 2024, se ha convertido en uno de los temas más sensibles del debate energético nacional. Mientras la Superintendencia de Servicios Públicos defiende los avances logrados durante el primer año de intervención, gremios, líderes políticos y congresistas advierten que la compañía es financieramente inviable y que su situación amenaza la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano.

De acuerdo con el senador José David Name, la deuda total de Air-e supera los 3,6 billones de pesos, de los cuales el 67 % corresponde a obligaciones con generadores de energía. Según su desglose, 927.000 millones provienen del periodo previo a la intervención y 1,4 billones se acumularon después de la toma de posesión, comprometiendo no solo a la empresa sino al respaldo térmico nacional y con ello al suministro eléctrico del país.

Ante este panorama, la Veeduría Ciudadana del Proceso de Toma de Posesión de Air-e —integrada por gremios y cámaras de comercio de Atlántico, Magdalena y La Guajira— interpuso una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo del Atlántico. El recurso exige al Gobierno gestionar de inmediato recursos a través de créditos y garantías de la Nación para evitar un colapso en la operación. La veeduría sostiene que, tras un año de intervención, la deuda con los generadores se triplicó hasta llegar a 2,4 billones de pesos, de los cuales cerca de 1 billón corresponde a plantas térmicas indispensables para el suministro.

Air-e atiende el 11 % de la demanda nacional y el 44 % del sistema de transmisión regional norte, lo que multiplica el riesgo de un efecto dominó si su situación financiera se agrava. Los gremios también cuestionan la ausencia de un plan de intervención claro, el retraso en inversiones de modernización y mantenimiento y la exposición que tendrá la empresa en 2026, cuando deberá comprar hasta el 70 % de la energía en bolsa a precios más altos, trasladando sobrecostos a los usuarios.

Desde la SuperServicios, la versión oficial es distinta. Según la entidad, durante el primer año de intervención se garantizó la prestación continua del servicio a 1,4 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, evitando riesgos de interrupción y reduciendo la exposición en bolsa del 55 % al 14 %. También se inyectaron 148.000 millones de pesos del Fondo Empresarial para cumplir compromisos con generadores, se formalizó a más de 400 trabajadores y se mejoraron los canales de atención. “Air-e está dejando atrás el modelo del pasado. Hoy somos una empresa con procesos abiertos y un plan claro para garantizar la energía a los usuarios”, aseguró el agente interventor Nelson Vásquez.

Sin embargo, las cifras del flujo de caja siguen siendo críticas. De los 530.000 millones que Air-e debería recaudar mensualmente, apenas entran 345.000 millones, lo que deja un déficit de 185.000 millones al mes. Este rezago se explica en gran parte porque de los 1,37 millones de clientes facturados, solo 757.000 pagan puntualmente y la mayoría pertenecen a estratos 1, 2 y 3, altamente dependientes de subsidios estatales.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, advirtió ante la Comisión V del Senado que los dueños de Air-e deben ser citados para responder por los incumplimientos en inversiones, el deterioro del servicio y lo que denominó un “acoso judicial” contra el Gobierno Nacional. El funcionario pidió el respaldo del Congreso y de las instituciones del Estado para garantizar que los 1,4 millones de usuarios de la empresa en la Costa Caribe reciban un suministro digno y confiable.

Palma recordó que en su informe del 30 de noviembre de 2024 se documentaron graves irregularidades, entre ellas maltratos contra los usuarios, incumplimiento de inversiones por parte de los propietarios, incremento de tarifas y un sabotaje mediante ataque cibernético que afectó directamente a la región. “Si se maltrata a los usuarios, se rompe el pacto social con estas empresas. La prioridad debe ser la calidad y la confianza”, señaló el ministro.

En medio de versiones encontradas, lo cierto es que Air-e se ha convertido en un caso de prueba para la política energética nacional. Su desenlace marcará no solo el futuro del servicio en la Costa Caribe, sino la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano en su conjunto.