La Comisión Nacional de Disciplina Judicial decidió iniciar una investigación disciplinaria contra los fiscales María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval por posibles irregularidades en la conducción del proceso penal relacionado con el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, vinculado al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

De acuerdo con la decisión adoptada por el órgano disciplinario, los funcionarios habrían incurrido, de manera presuntamente injustificada y deliberada, en retrasos en actuaciones clave del proceso. Entre ellas se señalan la formulación de imputación de cargos, la solicitud de una medida de aseguramiento y la gestión de la circular roja ante Interpol, acciones que, según el análisis preliminar, podían haberse adelantado desde 2024 debido a la existencia de elementos probatorios suficientes.

La Comisión consideró que dichas demoras podrían constituir una falta disciplinaria, al afectar el avance oportuno de una investigación de alto impacto nacional relacionada con presuntos hechos de corrupción en la UNGRD, caso que cobró especial relevancia por las denuncias asociadas al manejo irregular de recursos públicos destinados a la atención de emergencias.

La apertura formal de la investigación se conoció a través de una comunicación enviada al abogado Pablo Bustos, representante de las víctimas dentro del proceso por el escándalo de los carrotanques en La Guajira. En ese documento, la instancia disciplinaria detalla los motivos que sustentan la actuación y deja constancia de que evaluará si las actuaciones de los fiscales se ajustaron a los deberes funcionales y a los principios de celeridad y eficiencia que rigen la administración de justicia.

Con esta decisión, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial busca establecer responsabilidades individuales y determinar si las presuntas dilaciones tuvieron un impacto directo en el curso de la investigación penal, en un caso que ha generado amplio debate público y exigencias de mayor rigor institucional frente a hechos de corrupción.