El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, comenzó a delinear lo que será uno de los cambios más profundos de su administración: la transformación de la política de Paz Total impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Apenas recibió las credenciales que lo acreditan como mandatario electo, el abogado y dirigente político envió un contundente mensaje a los grupos armados ilegales, advirtiendo que deberán someterse a la justicia o enfrentar una ofensiva estatal, dejando claro que su estrategia de seguridad se apartará del modelo de negociación desarrollado durante los últimos cuatro años.
La propuesta del nuevo gobierno ha abierto un intenso debate jurídico y político sobre el alcance de las facultades presidenciales para modificar o desmontar los procesos de diálogo que actualmente mantiene el Estado con organizaciones armadas ilegales. Especialistas en derecho constitucional coinciden en que el Ejecutivo puede redefinir la política de seguridad, suspender nuevas negociaciones y cambiar la orientación de los acercamientos con estos grupos, aunque varias de las decisiones adoptadas durante el gobierno de Petro cuentan con respaldo legal y requerirían nuevos actos administrativos o incluso la intervención del Congreso y de las altas cortes para ser modificadas.
Durante su campaña presidencial, De la Espriella cuestionó en repetidas ocasiones la efectividad de la Paz Total, asegurando que esa política permitió el fortalecimiento de estructuras criminales en distintas regiones del país. Ahora, como presidente electo, insiste en que su prioridad será recuperar el control territorial mediante una combinación de fortalecimiento de la Fuerza Pública, persecución judicial contra las organizaciones ilegales y procesos de sometimiento bajo condiciones más estrictas que las implementadas por la administración saliente.
No obstante, expertos advierten que el futuro gobierno enfrentará importantes retos para materializar ese cambio. Algunos procesos de negociación involucran decretos, resoluciones y marcos jurídicos que no pueden eliminarse de manera automática, mientras que otros compromisos adquiridos por el Estado deberán ser evaluados cuidadosamente para evitar conflictos legales o eventuales demandas. Además, cualquier modificación deberá respetar la Constitución y los compromisos internacionales suscritos por Colombia en materia de derechos humanos y resolución de conflictos.
La discusión sobre el futuro de la Paz Total se perfila como uno de los primeros grandes desafíos del gobierno de Abelardo de la Espriella, cuya posesión está prevista para el próximo 7 de agosto. El rumbo que adopte la nueva administración marcará un cambio significativo en la política de seguridad nacional y definirá la relación del Estado con los grupos armados ilegales durante los próximos cuatro años.
