Al cumplir sus primeros 100 días en la Presidencia, Abelardo de la Espriella enfrenta uno de los principales desafíos económicos de su administración: corregir el déficit fiscal del país sin trasladar una carga excesiva a los ciudadanos, los trabajadores y el sector empresarial.
La principal apuesta del Gobierno es la denominada Ley de Rescate Fiscal, una iniciativa que combina cambios tributarios con medidas de ajuste del gasto público. El proyecto busca conseguir recursos adicionales cercanos al 2,2 % del producto interno bruto (PIB), en un momento en el que las obligaciones del Estado incluyen el pago de la deuda, la financiación del sistema de salud y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
El debate va más allá de cuánto dinero necesita recaudar el Gobierno. La discusión también se centra en quién terminará asumiendo el mayor esfuerzo económico y si las medidas propuestas permitirán estabilizar las finanzas públicas sin afectar el consumo, la generación de empleo y la capacidad de inversión de las empresas.
Una reforma con varios frentes económicos
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, explicó que la iniciativa está estructurada alrededor de cinco ejes: rescate fiscal, atención social, recuperación del sistema de salud, impulso a la inversión y reorganización del Estado.
Entre los objetivos anunciados se encuentran financiar el presupuesto nacional de 2027, frenar el crecimiento de la deuda pública, devolver el IVA a 19 millones de colombianos de menores ingresos y destinar $30 billones al sistema de salud durante cuatro años.
Sin embargo, el cumplimiento de estas metas dependerá del trámite legislativo, de los recursos que efectivamente se recauden y de la capacidad del Gobierno para ejecutar los programas. Por ahora, son compromisos incluidos en la estrategia fiscal que todavía deben superar distintas etapas.
La iniciativa fue presentada con mensaje de urgencia, por lo que el Ejecutivo necesita avanzar en las negociaciones con el Congreso dentro de un calendario ajustado. La discusión enfrenta posiciones distintas sobre la proporción que debe corresponder a los recortes del gasto público y la que recaería sobre los contribuyentes.
El déficit fiscal aumenta la presión sobre el Gobierno
Uno de los principales argumentos a favor de la reforma es el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado. Las proyecciones citadas en el debate económico sitúan el déficit fiscal de 2026 en el 7,2 % del PIB, una cifra que refleja las dificultades para cubrir las obligaciones públicas con los recursos disponibles.
José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), advirtió que, sin una corrección, el déficit del Gobierno Nacional Central podría superar el 9 % del PIB en 2027.
La preocupación está relacionada con el aumento de los compromisos presupuestales, el costo de la deuda y la existencia de gastos que tienen una destinación específica y no pueden modificarse fácilmente.
No obstante, la propuesta también ha recibido cuestionamientos. Lisandro Junco, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), puso en duda la distribución del ajuste fiscal y señaló que una parte importante del esfuerzo recaería sobre impuestos, aportes laborales y obligaciones empresariales, en lugar de concentrarse en una reducción más profunda del gasto estatal.
Según sus cálculos, un paquete de $43 billones contemplaría aproximadamente $31 billones en parafiscales, cotizaciones e impuestos al consumo, frente a unos $12 billones en recortes efectivos del Estado. Estas cifras forman parte de sus reparos al diseño de la iniciativa y no corresponden a un resultado definitivo de la reforma.
Los cambios en el IVA, uno de los puntos más sensibles
Entre las medidas que más atención generan están las modificaciones al impuesto sobre el valor agregado (IVA), debido a sus posibles efectos sobre los precios que pagan los consumidores.
La propuesta contempla que, a partir de 2028, algunos productos que actualmente tienen un tratamiento tributario especial queden gravados. Entre ellos figuran café, chocolate, sal, azúcar, pastas y aceites.
El proyecto mantendría excluidos productos como arroz, papa, yuca, panela y pan. Aun así, cualquier cambio en el tratamiento del IVA sobre bienes de consumo frecuente puede repercutir en el presupuesto de los hogares, especialmente en aquellos con menores ingresos.
Para compensar parte de ese impacto, el Gobierno plantea devolver el impuesto a 19 millones de colombianos de menores ingresos. La efectividad de esta medida dependerá de su cobertura, de las condiciones para acceder al beneficio y de que los recursos lleguen oportunamente a la población prevista.
Junco advirtió sobre las dificultades que podría generar el uso de la factura electrónica como requisito para recibir la devolución, particularmente para las personas que compran en plazas de mercado y establecimientos que no siempre expiden ese documento.
La iniciativa también propone elevar del 5 % al 19 % el IVA aplicable a los vehículos híbridos y eléctricos y a los servicios de medicina prepagada. Además, contempla eliminar un beneficio tributario para determinadas importaciones de bajo valor, lo que llevaría a aplicar el IVA del 19 % a operaciones que cumplan las condiciones previstas en el proyecto, incluidas compras realizadas mediante plataformas internacionales como Temu y Shein.
Estas modificaciones aún dependen de la aprobación legislativa y de la redacción definitiva que adopte el Congreso.
Trabajadores y empresas también están en la discusión
Los cambios propuestos no se limitan al consumo. La reforma contempla modificaciones en los aportes a salud de los trabajadores que reciben más de dos salarios mínimos, con una contribución que podría aumentar del 4 % actual hasta un máximo del 8 %, según el nivel de ingresos.
De aprobarse en esos términos, la medida representaría mayores descuentos en la nómina y reduciría el dinero disponible para los trabajadores después de sus aportes obligatorios.
En el caso de las empresas, el proyecto plantea cambios en las condiciones de exoneración de parafiscales, con nuevas obligaciones relacionadas con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Al mismo tiempo, propone reducir la tarifa del impuesto de renta empresarial del 35 % al 31 %. Junco cuestionó esta combinación de medidas y estimó que la reducción de la tarifa tendría un costo fiscal de $4 billones en 2027 y de $12 billones anuales a partir de 2028.
El debate consiste en determinar si la disminución del impuesto a las empresas puede estimular la inversión y la actividad económica o si, por el contrario, reduciría ingresos públicos necesarios mientras aumentan otras obligaciones para empleadores y trabajadores.
La reforma también incluye cambios relacionados con bebidas alcohólicas, cigarrillos, apuestas por internet y bebidas ultraprocesadas. César Camilo Cermeño, director de la maestría en tributación de la Universidad de los Andes, cuestionó especialmente el diseño de los impuestos propuestos para la cerveza y pidió revisar sus fundamentos y efectos.
La salud y la reconstrucción, entre las principales necesidades
El Gobierno debe responder, además, a compromisos que requieren recursos adicionales. La salud es uno de los asuntos más urgentes, debido a las dificultades financieras que atraviesa el sistema.
De acuerdo con las cifras citadas en el debate, a junio de 2026 las 23 EPS analizadas por Así Vamos en Salud acumulaban un déficit patrimonial de $18,7 billones. Por su parte, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas reportó cuentas por cobrar de las instituciones prestadoras de servicios de salud por $27,8 billones, de las cuales el 60,5 % estaban vencidas.
La administración ha anunciado medidas para atender pacientes con medicamentos, citas o procedimientos pendientes, además de mecanismos de financiación para las EPS mediante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), con giros directos a prestadores y proveedores.
El reto será comprobar cuántos pacientes reciben una solución efectiva, cuánto dinero llega a las instituciones y si las medidas contribuyen a reducir las deudas acumuladas.
A esto se suma la reconstrucción después del terremoto del 10 de agosto, que dejó cerca de 300 muertos y más de 260.000 afectados, según las cifras reportadas. La emergencia añadió nuevas obligaciones al presupuesto nacional y aumentó la presión sobre las finanzas públicas.
Un presupuesto de $634,9 billones y una deuda costosa
El Presupuesto General de la Nación para 2027 quedó expedido por decreto por un monto de $634,9 billones, después de las dificultades registradas durante su trámite legislativo.
Dentro de las partidas que no quedaron incorporadas se encuentran $3 billones adicionales para salud, $3,8 billones para atención y reconstrucción después del terremoto y $3 billones para subsidios de energía y gas.
El servicio de la deuda pública tendrá una asignación de $155,43 billones, mientras que la inversión contará con $88,14 billones. Esta diferencia evidencia el peso que tienen las obligaciones financieras sobre los recursos disponibles para otros programas estatales.
El Gobierno también restableció contactos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en busca de financiación externa. Este acercamiento no significa que exista un crédito aprobado o un desembolso confirmado, pero muestra las alternativas que explora la administración para atender sus necesidades financieras.
Inflación, tasas de interés y empleo completan el panorama
La situación fiscal coincide con otros desafíos económicos. En octubre de 2026, la inflación anual llegó al 6,3 %, por encima del rango de referencia del Banco de la República, establecido entre el 2 % y el 4 %.
En ese contexto, la tasa de interés se ubicó en el 12,25 %, lo que mantiene elevados los costos de financiación para hogares y empresas. El encarecimiento del crédito puede limitar las compras, la inversión y la capacidad de los negocios para ampliar sus operaciones.
El mercado laboral muestra señales favorables, aunque persisten dificultades. La tasa de desempleo pasó del 10,9 % en enero al 8 % en septiembre, mientras la informalidad continúa por encima del 54 % de las personas ocupadas. Estos resultados corresponden a la evolución del año y no pueden atribuirse exclusivamente a las decisiones del nuevo Gobierno.
La informalidad constituye un elemento importante en la discusión tributaria, porque los cambios en los costos de contratación pueden influir en las decisiones de las empresas sobre la generación de empleo formal.
El desafío de convertir los anuncios en resultados
Al llegar a sus primeros 100 días, Abelardo de la Espriella tiene sobre la mesa una agenda económica marcada por la necesidad de conseguir recursos, financiar la salud, responder a la emergencia del terremoto y atender el costo de la deuda.
La Ley de Rescate Fiscal concentra buena parte de esa estrategia, pero su alcance dependerá de las negociaciones políticas y de las decisiones que finalmente adopte el Congreso. También será necesario evaluar si el recaudo previsto se materializa y cómo se distribuyen los costos entre el Estado, los hogares y las empresas.
La discusión de fondo no consiste únicamente en aumentar los ingresos públicos. El Gobierno deberá demostrar que puede ordenar las finanzas nacionales sin agravar las dificultades económicas de los ciudadanos y que los recursos obtenidos se traducen en mejores servicios, atención efectiva en salud e inversión.
Los próximos pasos del trámite legislativo serán determinantes para establecer qué medidas sobreviven a la discusión y cuál será su impacto real sobre la economía colombiana.





