Después de varios meses con cuestionamientos por la falta de avances, dos investigaciones relacionadas con el expresidente Gustavo Petro comenzaron a moverse en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Los expedientes están relacionados con presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022 y con la divulgación de información de la historia clínica de Kevin Acosta, un niño de siete años que murió en febrero de 2026.
De acuerdo con la información publicada por medios nacionales, los representantes Carlos Cuenca Chaux, de Cambio Radical, y Daniel Briceño, del Centro Democrático, tendrán la responsabilidad de estudiar los respectivos casos, revisar los documentos y determinar qué actuaciones podrían proceder.
Carlos Cuenca revisará el caso de la financiación de campaña
Carlos Cuenca Chaux, quien preside la Comisión de Investigación y Acusación durante el periodo 2026-2027, quedó a cargo del expediente relacionado con la presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de Petro en 2022.
El proceso había sido estudiado anteriormente por los representantes Gloria Arizabaleta y Alirio Uribe, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U.
Uno de los antecedentes centrales es la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que encontró irregularidades en las cuentas de la campaña, entre ellas gastos que no habrían sido reportados y posibles incumplimientos de los límites legales de financiación.
Por esos hechos, el CNE impuso sanciones administrativas superiores a los 5.300 millones de pesos a responsables financieros y organizaciones políticas vinculadas con la campaña.
Entre las personas mencionadas en ese proceso figuran Ricardo Roa, quien fue gerente de campaña y posteriormente presidente de Ecopetrol; Lucy Aydee Mogollón, tesorera, y María Lucy Soto, auditora. También fueron señalados los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
Ahora, Cuenca deberá examinar el expediente, que supera las 500 páginas, y evaluar si existen elementos para avanzar hacia una investigación formal contra Petro o si corresponde adoptar una decisión inhibitoria.
La determinación dependerá del análisis jurídico y de los documentos incorporados al proceso.
Daniel Briceño estudiará el caso de Kevin Acosta
El segundo expediente quedó en manos del representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, y está relacionado con la divulgación de información médica de Kevin Acosta.
El menor murió en febrero de 2026 por complicaciones asociadas a una hemorragia cerebral, en un contexto médico marcado por la hemofilia A severa que padecía.
La controversia surgió cuando Petro, durante una intervención pública en Uribia, La Guajira, se refirió a aspectos de la historia clínica del niño y habló sobre las circunstancias de su atención médica.
El entonces mandatario señaló que el menor había sufrido una caída en bicicleta que le ocasionó un trauma craneoencefálico. También se refirió a una cirugía que, según su versión, habría sido recomendada por los médicos y que la madre no habría aceptado.
La divulgación de esos datos generó cuestionamientos porque la historia clínica contiene información privada y sensible. Por esa razón, el caso llegó a la Comisión de Investigación y Acusación, que deberá revisar los hechos y establecer si hay elementos que justifiquen actuaciones adicionales.
La asignación del expediente a Briceño no implica que exista una decisión definitiva sobre la responsabilidad del expresidente.
Una comisión bajo cuestionamientos por la demora
La Comisión de Investigación y Acusación es la instancia de la Cámara de Representantes encargada de tramitar las denuncias contra el presidente y los expresidentes de la República, así como contra otros funcionarios que cuentan con un régimen especial de investigación.
En los últimos meses, su funcionamiento ha sido objeto de críticas por las demoras en el trámite de los expedientes y por dificultades relacionadas con los recursos para desarrollar sus labores.
El representante Daniel Briceño había advertido públicamente sobre la falta de recursos de la comisión. En septiembre de 2026 afirmó que la entidad llevaba más de un mes paralizada por esa situación.
La asignación de estos dos procesos representa un paso administrativo para retomar su estudio. Sin embargo, todavía deben revisarse las pruebas, evaluar los argumentos y determinar si existen motivos jurídicos para adoptar decisiones de fondo.
Por ahora, ni la designación de los ponentes ni los antecedentes de los expedientes equivalen a una declaración de culpabilidad contra Gustavo Petro. El resultado dependerá de las actuaciones que adelante la comisión y de las decisiones que se adopten conforme al procedimiento legal.
La atención está puesta en si estos casos avanzarán de manera efectiva después de meses de cuestionamientos por la lentitud de las investigaciones.
