El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo denunció presuntas irregularidades en 148 contratos del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), que suman más de $125.000 millones y que, según el ministro Mauricio Gómez Amín, fueron suscritos durante los cuatro días anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Garantías.

De acuerdo con el funcionario, uno de los aspectos que más preocupa es la rapidez con la que se comprometieron los recursos públicos. Según la información presentada por el Ministerio, más de $100.000 millones quedaron comprometidos en apenas dos días.

Gómez Amín señaló que la revisión de estos procesos permitió identificar posibles incumplimientos de requisitos legales y presuntas falsedades en documentos, fechas y firmas. Por esa razón, pidió esclarecer las condiciones en las que se celebraron los contratos y establecer qué ocurrió con los recursos involucrados.

La denuncia ya está en manos de la Fiscalía

El ministro confirmó que los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación. Además, anunció que el Ministerio remitirá la información a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación para que evalúen los posibles hechos irregulares dentro de sus competencias.

La intervención de estos organismos permitirá determinar si existen responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias y si los procedimientos de contratación se ajustaron a las normas vigentes.

Por ahora, la información divulgada por el Ministerio no detalla cuáles son los 148 contratos cuestionados, quiénes fueron sus contratistas ni a qué proyectos turísticos estaban destinados los recursos. Tampoco se han presentado conclusiones definitivas de las autoridades sobre las presuntas irregularidades.

Piden explicaciones por la contratación durante el gobierno Petro

Gómez Amín cuestionó que se hubiera concentrado un volumen tan alto de contratación en los días previos a la entrada en vigor de las restricciones de la Ley de Garantías y sostuvo que la administración anterior debe responder por lo ocurrido.

La denuncia abre una revisión sobre la contratación de Fontur durante el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, es importante precisar que la firma de contratos antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías no constituye por sí sola una irregularidad. Las autoridades deberán establecer si en los casos señalados hubo incumplimientos de la ley o actuaciones indebidas.

La investigación será clave para aclarar cómo se tramitaron los contratos, si la documentación cumple con los requisitos exigidos y si existe alguna responsabilidad por el manejo de los recursos públicos.

Hasta el momento, no se ha informado de una decisión judicial, fiscal o disciplinaria definitiva relacionada con los contratos denunciados.