Alrededor de 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, ubicada en el corregimiento de Jurubidá, municipio de Nuquí, Chocó, tuvieron que abandonar su territorio el domingo 1 de noviembre de 2026 por temor a los enfrentamientos y la presencia de grupos armados ilegales.
La situación fue denunciada por la Defensoría del Pueblo, que expresó su preocupación por el deterioro de la seguridad en esta zona del Pacífico colombiano. Entre las personas afectadas hay niños, mujeres, adultos mayores y autoridades tradicionales que salieron de sus hogares ante el riesgo que representan los combates.
De acuerdo con la entidad, las disputas territoriales involucran al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Clan del Golfo, dos organizaciones armadas que buscan mantener el control de corredores estratégicos en la región. La confrontación mantiene en riesgo a las comunidades y aumenta la posibilidad de nuevas emergencias humanitarias.
La Defensoría señaló que el desplazamiento ocurrió apenas dos días después de una advertencia sobre el agravamiento de la situación de orden público. En ese contexto, también se conoció el hallazgo de dos personas asesinadas y el presunto secuestro de otra en el sector de Villa Nueva.
La preocupación se extiende a otras poblaciones cercanas. Según la entidad, la comunidad de Puerto Indio, integrada por aproximadamente 300 personas, estaría considerando abandonar su territorio debido a las condiciones de inseguridad.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades nacionales, departamentales y municipales coordinar una respuesta inmediata para atender a las familias desplazadas. Entre las necesidades prioritarias están la entrega de alimentos, agua potable, atención médica y alojamiento temporal en condiciones dignas.
La entidad también insistió en que la atención debe tener en cuenta las particularidades culturales y territoriales de las comunidades indígenas, así como garantizar condiciones seguras para quienes deban trasladarse y para las familias que permanecen en las zonas de riesgo.
La situación de Nuquí se suma a otras emergencias registradas durante 2026 en el departamento del Chocó por los enfrentamientos entre grupos armados. En agosto, los combates en la subregión del San Juan provocaron desplazamientos y confinamientos de comunidades indígenas y afrodescendientes. En esos hechos también se reportaron tres civiles heridos por un ataque con explosivos lanzados mediante un dron.
La Defensoría mantiene el llamado a las autoridades para que adopten medidas de protección y eviten que más familias tengan que abandonar sus hogares. Mientras persista la disputa armada, las comunidades de esta zona continúan expuestas a nuevos desplazamientos y a mayores afectaciones humanitarias.
Por ahora, la prioridad es garantizar la atención de las cerca de 500 personas que salieron de Villa Nueva y prevenir que la violencia alcance a otras poblaciones del municipio de Nuquí.
