La Fiscalía General de la Nación remitió información a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que evalúe si existen méritos para investigar al expresidente Gustavo Petro por los hechos relacionados con el llamado Pacto de Valledupar, una controversia que involucra reuniones entre funcionarios de su Gobierno y antiguos comandantes paramilitares.
La decisión se conoce este martes 20 de octubre de 2026, luego de que el ente acusador confirmara que desde el 31 de agosto adelanta una investigación para esclarecer las denuncias sobre posibles presiones a exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el supuesto propósito de obtener declaraciones contra dirigentes políticos.
La remisión de la información, conocida como compulsa de copias, busca que la Comisión de Acusación examine los hechos dentro de sus competencias constitucionales y determine si procede abrir una investigación formal contra Petro. Esta actuación no equivale a una imputación ni demuestra que el exmandatario haya cometido un delito.
Las denuncias que originaron el caso
La polémica gira alrededor de reuniones realizadas entre el 22 y el 24 de octubre de 2025 en Valledupar, Cesar, en las que participaron delegados del entonces Gobierno nacional y antiguos comandantes paramilitares.
La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, señaló que el encuentro habría tenido una finalidad política y que supuestamente se buscaba promover declaraciones contra figuras como Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella, actual presidente de Colombia.
El abogado Juan Carlos Villamizar, defensor del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, también aseguró que durante las conversaciones se habría planteado a los antiguos comandantes la posibilidad de hacer señalamientos públicos contra esos dirigentes. Según su versión, los exparamilitares rechazaron la petición.
Estas afirmaciones hacen parte de las denuncias que deberán ser verificadas por las autoridades. Hasta el momento, no constituyen por sí mismas una demostración de que se haya ejecutado un plan para afectar a los políticos mencionados.
Fiscalía prepara nuevas pruebas y testimonios
Como parte de la investigación, la Fiscalía tiene previsto escuchar a Salvatore Mancuso y a otras personas que participaron en las reuniones de Valledupar. El propósito es contrastar las versiones conocidas y establecer qué ocurrió durante los encuentros.
El organismo también buscará determinar si existieron instrucciones dirigidas a funcionarios del Gobierno, si hubo presiones sobre los antiguos comandantes paramilitares y si alguna actuación pudo apartarse de la ley.
La investigación deberá precisar las responsabilidades individuales y diferenciar los hechos comprobados de las declaraciones que todavía requieren verificación.
El caso también está bajo revisión disciplinaria
La controversia ya tuvo consecuencias en el ámbito de los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exministro del Interior Armando Benedetti y Angie Rodríguez para establecer si tuvieron alguna participación en posibles irregularidades relacionadas con las reuniones.
Por su parte, la Comisión de Investigación y Acusación deberá evaluar la información remitida por la Fiscalía y decidir si existen fundamentos para avanzar contra Gustavo Petro, teniendo en cuenta el procedimiento especial que corresponde a los expresidentes.
El Pacto de Valledupar se ha convertido en un nuevo foco de controversia política por las posibles conexiones entre antiguos jefes paramilitares, funcionarios del anterior Gobierno y dirigentes nacionales.
Por ahora, el objetivo de las investigaciones es esclarecer los hechos y determinar si hubo actuaciones ilegales. La responsabilidad de las personas mencionadas deberá establecerse con pruebas y mediante las decisiones de las autoridades competentes.
