La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez para esclarecer posibles irregularidades relacionadas con las reuniones que funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro sostuvieron con antiguos jefes paramilitares en Valledupar, en octubre de 2025.
El caso, conocido como el Pacto de Valledupar, tomó relevancia después de que se conocieran señalamientos sobre una supuesta estrategia para involucrar a dirigentes políticos en declaraciones relacionadas con antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La investigación busca establecer si Benedetti, quien se desempeñó como ministro del Interior, y Rodríguez, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), tuvieron alguna participación en los hechos denunciados.
Una queja puso el caso en manos del Ministerio Público
La actuación disciplinaria se originó en una queja presentada por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia. La Procuraduría deberá revisar la información disponible y determinar si existen elementos que permitan establecer posibles faltas disciplinarias.
Entre los antecedentes se encuentran declaraciones públicas de Angie Rodríguez, quien habló sobre un supuesto plan político que habría buscado afectar a dirigentes como Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella.
Estos señalamientos deberán ser verificados por las autoridades. La apertura de una investigación no significa que las acusaciones estén demostradas ni que los funcionarios involucrados sean responsables.
Reuniones con antiguos comandantes de las AUC
Los encuentros se realizaron en Valledupar en octubre de 2025 y contaron con la participación de funcionarios del Gobierno y once antiguos comandantes paramilitares designados como gestores de paz. Entre ellos estaba Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Las reuniones fueron presentadas como parte de los esfuerzos para avanzar en asuntos relacionados con el proceso de Santa Fe de Ralito, la verdad, la reparación a las víctimas y la situación jurídica de antiguos integrantes de las AUC.
Sin embargo, las declaraciones conocidas posteriormente generaron cuestionamientos sobre una posible solicitud a los excomandantes para que entregaran información o hicieran señalamientos contra determinados dirigentes políticos.
Juan Carlos Villamizar, abogado de Mancuso, también se refirió a esa versión y sostuvo que los antiguos jefes paramilitares habrían rechazado la petición que, según su relato, les plantearon representantes del Gobierno.
Las autoridades deberán establecer responsabilidades
La Procuraduría tendrá que determinar si las actuaciones denunciadas constituyen faltas disciplinarias y si existe responsabilidad individual de los funcionarios investigados. Para ello, deberá examinar los documentos, testimonios y demás elementos relacionados con las reuniones.
El caso también ha generado actuaciones ante la Fiscalía General de la Nación, que deberá esclarecer los señalamientos que correspondan a su competencia.
Por ahora, no existe una decisión definitiva que declare responsables a Armando Benedetti o Angie Rodríguez por los hechos relacionados con el llamado Pacto de Valledupar.
La investigación continúa y serán las autoridades competentes las encargadas de establecer qué ocurrió, qué compromisos se plantearon durante los encuentros y si hubo alguna actuación contraria a la ley.
