Un fuerte intercambio de palabras protagonizó el presidente Abelardo de la Espriella con la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, durante una visita a la isla. El mandatario les reclamó por las protestas contra la intervención del Hospital Departamental y lanzó señalamientos sobre presuntas irregularidades en la contratación pública y el manejo de los recursos del archipiélago.
El episodio ocurrió en la sede de la Base Naval de San Andrés y quedó registrado en un video que comenzó a circular en medios de comunicación. Durante el encuentro, De la Espriella manifestó su inconformidad con la posición de las dos dirigentes frente a la intervención del centro hospitalario, una medida que el Gobierno nacional busca implementar en medio de las dificultades financieras y operativas que atraviesa la institución.
Según las declaraciones del mandatario, había recibido información sobre la participación de personas cercanas a las dirigentes en asuntos relacionados con la contratación de la Gobernación. En medio de la discusión, se refirió directamente al esposo de la representante Jay-Pang y aseguró que conocía presuntos negocios vinculados con la administración departamental.
“Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir”, expresó el presidente durante el reclamo.
Las afirmaciones corresponden a señalamientos hechos por el mandatario y no constituyen, por sí mismas, una prueba de irregularidades o responsabilidades legales. Hasta el momento, la información conocida sobre el enfrentamiento no permite establecer que exista una decisión judicial que confirme esas acusaciones.
Durante el intercambio, la gobernadora Girley Ordóñez y la representante Elizabeth Jay-Pang intentaron explicar su posición frente a la situación del hospital. De acuerdo con el reporte publicado, las dirigentes señalaron que habían solicitado acompañamiento del Ministerio de Salud para atender la crisis sanitaria de la isla.
Sin embargo, De la Espriella insistió en que su Gobierno no permitirá que se obstaculice la intervención y advirtió que utilizará las facultades de su cargo para vigilar el destino de los recursos públicos.
La crisis del Hospital Departamental está en el centro de la disputa
El Hospital Departamental de San Andrés atraviesa dificultades relacionadas con sus finanzas, el abastecimiento de insumos y los pagos al personal médico, según los reportes sobre la situación del centro asistencial. En ese contexto, el Gobierno nacional ordenó una intervención que generó inconformidad y protestas en la isla.
El presidente cuestionó que se hubieran promovido manifestaciones contra esa medida y pidió a las dirigentes que no interfirieran en el proceso. También sostuvo que los recursos que se destinen al archipiélago estarán sometidos a vigilancia para evitar posibles pérdidas o manejos irregulares.
“Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar”, afirmó durante la discusión.
El mandatario también hizo referencia a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Coralina, entidad encargada de la gestión ambiental en el territorio insular. No obstante, las declaraciones divulgadas no detallan cuáles serían las presuntas irregularidades relacionadas con esa corporación ni presentan pruebas concretas que permitan confirmarlas.
De la Espriella anuncia vigilancia sobre los recursos de la isla
Durante su intervención, el presidente aseguró que ordenará revisar el manejo de los recursos públicos y que buscará establecer qué ha ocurrido con el dinero destinado al departamento. También manifestó que no permitirá que se repitan prácticas que, según sus afirmaciones, han afectado históricamente a la población del archipiélago.
“Voy a utilizar toda mi autoridad”, advirtió el mandatario, al insistir en que su administración mantendrá la intervención del hospital pese a las diferencias con las dirigentes regionales.
El enfrentamiento deja en evidencia la tensión entre el Gobierno nacional y representantes de la política de San Andrés en medio de una crisis que no solo involucra la prestación de los servicios de salud, sino también la discusión sobre la administración de los recursos públicos.
Por ahora, las acusaciones formuladas durante el encuentro deberán diferenciarse de los hechos que puedan establecer las autoridades competentes. La atención se mantiene sobre el futuro de la intervención hospitalaria, la respuesta de la Gobernación y la vigilancia que el Gobierno anunció sobre la contratación y las finanzas del archipiélago.
