El Gobierno nacional anunció una reforma al procedimiento de consulta previa con comunidades étnicas con la que busca ponerle fecha y responsable a cada proceso que permanece abierto y reducir el número de expedientes que llevan años sin una decisión.

La propuesta fue presentada este 5 de octubre por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien aseguró que el objetivo no es eliminar el derecho a la consulta previa, sino cambiar la forma en que actualmente se administran los procesos.

“La consulta previa se respeta. El represamiento, no”, afirmó Lara al presentar el denominado plan de destrabe, transformación y sistematización de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.

Expedientes con responsable y fecha de cierre

Uno de los principales cambios planteados por el Ministerio del Interior es la digitalización del 100 por ciento de los expedientes que actualmente se encuentran represados.

La reforma también contempla una ventanilla única digital para que cada consulta tenga un responsable identificado y una fecha definida dentro del proceso. A esto se sumarían alertas, términos de seguimiento y un tablero nacional de control que permita conocer en qué estado se encuentra cada expediente.

El Gobierno también plantea crear un comité independiente de seguimiento. Este organismo no tendría la facultad de tomar decisiones ni reemplazar a la Autoridad Nacional de Consulta Previa, sino hacer seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas.

El Gobierno se fija una meta de 90 días

Rodrigo Lara aseguró que la primera meta es lograr, en un plazo de 90 días, una reducción importante del represamiento y avanzar en decisiones y cierres de procesos.

La propuesta contempla además una directiva presidencial y un proyecto de ley que, según el Ministerio del Interior, buscarán darle mayor seguridad jurídica, precisión y transparencia al procedimiento.

Uno de los puntos más sensibles es la eliminación del llamado test de proporcionalidad como requisito adicional para cerrar determinados procesos. El ministro explicó que esta modificación no elimina el diálogo con las comunidades ni el derecho a la consulta, sino que busca evitar que un expediente quede abierto indefinidamente después de haber agotado las actuaciones correspondientes.

El caso Sirius como ejemplo del problema

Durante la presentación, Lara puso como ejemplo el proyecto Sirius y cuestionó la forma en que actualmente se administra parte de la información de las consultas previas.

Según el ministro, existen alrededor de 280 consultas distribuidas entre numerosos contratistas y no hay un sistema digital de gestión que concentre los expedientes. En la práctica, explicó, parte de la información permanece almacenada en los computadores de quienes han participado en los procesos.

Para el Gobierno, esta situación dificulta establecer quién responde por cada expediente, en qué etapa se encuentra y cuánto tiempo lleva abierto.

La consulta previa no desaparece

La propuesta llega en medio de una discusión de fondo sobre el equilibrio entre el derecho de las comunidades étnicas a participar en decisiones que puedan afectar sus territorios y la necesidad del Estado de evitar que proyectos de infraestructura, energía y otros sectores permanezcan durante años a la espera de una definición.

La consulta previa es una competencia del Ministerio del Interior y forma parte de las funciones que el sector tiene asignadas en materia de asuntos étnicos y participación de las comunidades.

Por eso, el Gobierno insiste en que la reforma no pretende eliminar el mecanismo, sino ordenar su funcionamiento y establecer mecanismos de seguimiento que permitan conocer qué está ocurriendo con cada expediente.

El cambio tendrá que pasar por el Congreso

Los anuncios presentados por el ministro Rodrigo Lara todavía deben convertirse en medidas concretas. El Gobierno anunció que llevará parte de estos cambios a un proyecto de ley, por lo que el Congreso tendrá que discutir su alcance y contenido.

Mientras tanto, el Ministerio del Interior continuará con el proceso de transformación y sistematización de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.

El reto planteado por el Gobierno es reducir en los próximos meses el represamiento de expedientes sin afectar el derecho de las comunidades a participar en las decisiones que puedan tener impacto sobre sus territorios.

La discusión apenas comienza y uno de los puntos centrales será determinar hasta dónde pueden modificarse los procedimientos para acelerar los proyectos sin reducir las garantías que tienen las comunidades étnicas dentro de la consulta previa.