El programa de ahorro de energía que comenzó a aplicarse en Colombia abrió un nuevo debate en el Atlántico. Congresistas de la región le pidieron a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, revisar las condiciones de la medida antes de que empiecen los cobros adicionales a los usuarios que superen su meta de consumo.

La discusión se dio durante un debate de control político en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, al que asistieron la directora ejecutiva de la CREG, Adriana Jiménez, y representantes del Gobierno Nacional.

El reclamo de los congresistas tiene un punto concreto: consideran necesario revisar cómo funciona el programa en las zonas de altas temperaturas, donde el uso de ventiladores, aires acondicionados y equipos de refrigeración hace parte del consumo habitual de los hogares y establecimientos.

Qué establece actualmente el programa

La CREG explicó que el sistema no fija una misma meta de consumo para todos los colombianos. Cada usuario tiene una meta individual calculada a partir de su comportamiento histórico.

La regulación toma como referencia los consumos registrados durante los 12 meses anteriores al inicio del programa. De acuerdo con la CREG, de esta manera se incorporan factores como los hábitos de cada hogar y las condiciones climáticas de la zona donde vive.

El esquema establece una banda entre el 90 % y el 110 % de esa meta individual.

Si el usuario permanece dentro de ese rango, no se genera el cobro adicional. Cuando supera el 110 %, el valor adicional se aplica únicamente sobre los kilovatios hora que excedan ese límite.

La CREG también aclaró que el programa es temporal y que los recursos provenientes de los cobros por consumo excedente se redistribuyen entre usuarios que reduzcan su consumo, dentro de cada mercado de comercialización.

Meisel pide más tiempo para los usuarios

El senador atlanticense Carlos Meisel pidió ampliar el periodo pedagógico de la medida y solicitó a la CREG entregar información técnica sobre sus posibles efectos.

Entre los datos que reclamó están el número de usuarios que podrían superar el 110 % de su meta, cuántos pertenecen a zonas cálidas, cuánto ahorro de energía se espera por departamento y cuál sería el recaudo generado por los cobros adicionales.

Meisel también planteó que se estudie un tratamiento diferente para las regiones con temperaturas altas.

Una de las posibilidades que puso sobre la mesa es aumentar el umbral del 110 % hasta el 115 % o 120 % para determinadas zonas, aunque esta es una propuesta del senador y no una modificación aprobada por la CREG.

Piden una banda de hasta 15 % para el Caribe

El senador liberal Camilo Torres Villalba también solicitó cambios. Su propuesta consiste en estudiar una banda diferencial de hasta el 15 % para los usuarios de la región Caribe.

Torres argumentó que las condiciones climáticas y los patrones de consumo del Caribe son diferentes a los de otras zonas del país. También pidió conocer el estado de los embalses, las reservas hídricas y los indicadores que sustentan las decisiones adoptadas por la autoridad energética.

El congresista sostuvo que la propuesta no busca establecer un privilegio para la región, sino que las reglas tengan en cuenta sus condiciones particulares.

Gonzalo Baute también pidió explicaciones

El senador Gonzalo Baute solicitó a la CREG los estudios que sirvieron de base para expedir la Resolución 101 120 de 2026 y pidió un balance preliminar de la aplicación del programa.

Su cuestionario contiene 25 preguntas y busca establecer si se analizaron variables como temperatura, humedad, sensación térmica, altura sobre el nivel del mar y necesidades de ventilación y refrigeración.

Baute también pidió cifras sobre cuántos usuarios han superado sus metas, cuántos han recibido cobros adicionales, cuánto dinero se ha recaudado y cuántos usuarios han logrado reducir su consumo.

La CREG defiende el cálculo individual

Ante los cuestionamientos, Adriana Jiménez explicó que un usuario de una región caliente no es comparado directamente con uno de una zona fría.

Según la funcionaria, la meta individual se construye a partir del consumo histórico de cada usuario. La CREG sostiene que variables como temperatura, hábitos, ventilación y refrigeración ya están reflejadas en ese comportamiento.

La entidad también ha señalado que existen diferencias incorporadas en la regulación para zonas cálidas y que el programa no pretende impedir que los hogares utilicen la energía que necesitan.

El periodo pedagógico está por terminar

Uno de los puntos que genera mayor preocupación entre los congresistas es el momento en que comenzarán a tener efecto económico los excesos de consumo.

Durante el primer ciclo pedagógico, los posibles cobros aparecen únicamente con carácter informativo. La CREG estableció que el primer ciclo de lectura posterior al inicio del programa tiene ese tratamiento.

A partir de los ciclos siguientes, los usuarios que superen el 110 % de su meta individual podrán enfrentar el cobro adicional sobre el consumo que exceda ese límite.

Por eso, los congresistas del Atlántico quieren que la CREG responda antes de que la medida tenga efectos económicos plenos y defina si habrá ajustes específicos para las zonas de altas temperaturas.

Un debate que toca directamente al Caribe

El programa nació en medio de una situación de estrechez energética y riesgo para la confiabilidad del sistema asociada al fenómeno de El Niño. La CREG lo define como una medida transitoria para moderar el crecimiento del consumo mientras persistan esas condiciones.

En el Atlántico, el debate tiene una particularidad evidente: las altas temperaturas hacen que la ventilación y la refrigeración tengan un peso importante en el consumo cotidiano.

Por eso, la discusión que quedó planteada ante la CREG no es solamente cuánto debe ahorrar cada usuario. También está sobre la mesa si las reglas actuales reflejan suficientemente las condiciones de quienes viven en el Caribe.

Por ahora, el programa continúa vigente y las solicitudes de los congresistas están dirigidas a que la CREG entregue información, revise posibles ajustes y determine si es necesario modificar las condiciones antes de que los cobros adicionales entren plenamente en aplicación.