El Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara un proyecto de ley con el que busca comenzar a desmontar de manera gradual el impuesto conocido como 4×1000. La propuesta estaría incluida en la denominada Ley de Rescate, que el Ejecutivo tiene previsto presentar ante el Congreso en la segunda mitad de octubre.

El anuncio fue dado a conocer en medio de la estrategia económica que adelanta el Gobierno y que también contempla una reducción del gasto público y cambios en el esquema tributario.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ha señalado que eliminar el gravamen de manera inmediata no sería posible debido al peso que todavía tiene en los ingresos del Estado. Por eso, la propuesta apunta a reducirlo progresivamente.

El 4×1000 seguirá vigente por ahora

El Gravamen a los Movimientos Financieros cobra actualmente $4 por cada $1.000 en determinadas operaciones realizadas a través del sistema financiero.

La discusión sobre su eliminación no significa que el impuesto vaya a desaparecer en octubre. Cualquier modificación deberá ser aprobada por el Congreso y, hasta que eso ocurra, continuarán aplicándose las reglas actuales.

Según cifras de la Dian, durante el primer semestre de 2026 el 4×1000 generó alrededor de $8,4 billones para las arcas públicas. En el mismo periodo de 2025 el recaudo había sido de $7,5 billones.

Solo en junio de este año, el impuesto aportó cerca de $1,3 billones.

Estos recursos explican una de las principales dificultades que enfrenta el Gobierno para desmontarlo: encontrar mecanismos que permitan reemplazar esos ingresos sin generar un nuevo desequilibrio en las finanzas públicas.

¿Qué plantea la Ley de Rescate?

El desmonte del 4×1000 sería parte de una propuesta económica más amplia. El Gobierno también contempla eliminar el impuesto al patrimonio y avanzar en una reducción del gasto público.

La administración ha planteado que primero debe reducir sus gastos antes de acudir a nuevos aumentos de impuestos.

En esa misma línea, el ministro Miguel Gómez anunció que el Gobierno busca disminuir el gasto público durante 2026 en cerca de 1 % del PIB, como parte de la estrategia para enfrentar las presiones fiscales.

La Ley de Rescate sería uno de los instrumentos que utilizaría el Ejecutivo para continuar con ese proceso de ajuste.

¿Cuánto pagan actualmente los colombianos?

El 4×1000 se aplica sobre determinadas transacciones financieras. Sin embargo, existen operaciones y cuentas que cuentan con condiciones de exención.

Para 2026, una persona puede tener una cuenta marcada como exenta del gravamen siempre que sus movimientos mensuales no superen las 350 UVT, equivalentes aproximadamente a $18,33 millones.

También existen condiciones especiales para algunos depósitos de bajo monto, entre ellos productos utilizados por usuarios de plataformas financieras digitales, siempre que se mantengan dentro de los topes establecidos por la normativa.

Por eso, no todas las transacciones bancarias generan automáticamente el cobro del 4×1000.

Un impuesto que lleva casi tres décadas

El gravamen nació en 1998, inicialmente como un impuesto temporal del 2×1000, creado en medio de una crisis financiera.

Con el paso de los años, la medida dejó de ser temporal, aumentó su tarifa y terminó convirtiéndose en una fuente permanente de ingresos para el Estado.

Desde entonces, distintos gobiernos han planteado en diferentes momentos la posibilidad de eliminarlo o reducirlo, pero el recaudo que genera ha dificultado concretar su desaparición.

El debate vuelve ahora al Congreso con una propuesta que plantea hacerlo de manera progresiva.

El Congreso tendrá la última palabra

El Gobierno tiene previsto presentar la Ley de Rescate durante la segunda quincena de octubre de 2026. Será en ese momento cuando se conozcan oficialmente los detalles del proyecto, incluyendo el cronograma previsto para reducir el 4×1000 y las medidas para compensar los recursos que actualmente genera.

Por ahora no existe una nueva tarifa aprobada ni una fecha para que el impuesto deje de cobrarse.

La discusión estará centrada en cómo reducir el costo que representa para los usuarios del sistema financiero sin afectar los ingresos que necesita el Estado para cumplir sus obligaciones.

El eventual desmonte del 4×1000 quedará así ligado a una discusión fiscal mucho más amplia: cuánto puede reducir el Gobierno sus gastos, qué impuestos pueden modificarse y cómo garantizar los recursos públicos mientras se implementan esos cambios.

Hasta que el Congreso estudie y eventualmente apruebe la iniciativa, el 4×1000 continuará vigente en Colombia bajo las condiciones actuales.