El proceso que investiga al expresidente Álvaro Uribe Vélez por hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la presunta conformación del Bloque Metro tomó este miércoles un nuevo rumbo.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes decidió por unanimidad solicitar a la Fiscalía General de la Nación que le entregue el expediente, al considerar que el fuero presidencial que tuvo Uribe podría darle competencia sobre parte de los hechos investigados. La decisión fue comunicada este 26 de agosto en un oficio firmado por Carlos Alberto Cuenca Chaux, presidente de esa comisión.

El punto central de la discusión está en una investigación por el presunto delito de concierto para delinquir agravado. Según la hipótesis que maneja la Fiscalía, la conducta investigada habría tenido continuidad hasta el año 2003, cuando Álvaro Uribe ya había asumido la Presidencia de Colombia.

Uribe fue presidente entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010. Por esa razón, la Comisión de Investigación y Acusación considera que podría tener competencia sobre los hechos que eventualmente se hayan presentado durante su periodo presidencial.

La solicitud surgió después de una petición presentada por la defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Jaime Granados. La Comisión acogió ese planteamiento y pidió formalmente a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que remita el expediente.

Sin embargo, el caso todavía no ha quedado definitivamente en manos del Congreso. La Fiscalía debe decidir primero si acepta la solicitud de la Cámara. Actualmente, la petición está siendo revisada por la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Si la Fiscalía considera que mantiene la competencia para continuar con la investigación, se abriría una disputa entre las dos autoridades. En ese escenario, la Sala Plena de la Corte Constitucional tendría que resolver cuál de las instituciones debe continuar con el proceso.

Así lo explicó Jaime Granados, quien señaló que, si la Fiscalía no acepta el traslado solicitado por la Comisión de Investigación y Acusación, será la Corte Constitucional la encargada de definir el conflicto de competencias.

El expediente está relacionado con hechos ocurridos en Antioquia durante la década de los noventa y con una investigación que también busca establecer posibles vínculos con estructuras paramilitares que operaron en la Hacienda Guacharacas y que posteriormente fueron relacionadas con el Bloque Metro.

Entre los hechos incluidos en la investigación están las masacres de El Aro y La Granja, además del asesinato de Jesús María Valle. La Fiscalía había citado a Uribe a indagatoria dentro de este proceso, lo que abrió una nueva etapa judicial para el expresidente.

Por ahora, la decisión de la Cámara representa una solicitud de traslado y no una conclusión sobre la responsabilidad penal de Álvaro Uribe. La próxima decisión estará en manos de la Fiscalía y, si se presenta una controversia sobre quién debe continuar con el expediente, el asunto podría terminar nuevamente ante la Corte Constitucional.

El proceso seguirá bajo la atención de las autoridades judiciales mientras se define quién tiene la competencia para avanzar en una investigación que, por los hechos que involucra y por la condición de expresidente del principal investigado, vuelve a ocupar un lugar central en la agenda judicial y política del país.

Lavibrante.com seguirá atento a las decisiones de la Fiscalía y de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para informar cómo continúa este proceso.