La posibilidad de retomar proyectos de fracking en Colombia volvió a aparecer en el debate energético. Nelson Castañeda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, señaló que Drummond tiene cuatro contratos suspendidos para la exploración de yacimientos no convencionales en la cuenca Cesar-Ranchería y que la compañía estaría dispuesta a reactivarlos si encuentra condiciones favorables para invertir.

Castañeda explicó que los contratos están suspendidos ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, y que su eventual reactivación dependería de que el Gobierno de Abelardo De La Espriella entregue señales claras de estabilidad jurídica y tributaria.

El planteamiento fue conocido en medio de la discusión sobre el futuro de la producción de petróleo y gas en Colombia y las alternativas que tendría el país para mantener la actividad exploratoria durante los próximos años.

Según Castañeda, este tipo de proyectos requieren inversiones importantes y tienen periodos de recuperación de mediano y largo plazo. Por esa razón, las empresas necesitan tener claridad sobre las reglas que estarán vigentes durante el desarrollo de las operaciones.

Los cuatro contratos de Drummond están relacionados con la exploración de yacimientos no convencionales en la cuenca Cesar-Ranchería, una zona que ha sido considerada de interés para el desarrollo de recursos de hidrocarburos.

La discusión sobre el fracking lleva varios años generando posiciones enfrentadas en Colombia. Sus defensores consideran que la técnica podría permitir aprovechar nuevas reservas de petróleo y gas y contribuir a la seguridad energética del país. Sus críticos, en cambio, han advertido sobre los posibles impactos ambientales y han cuestionado que se avance con esta actividad sin mayores garantías.

La eventual reactivación de los contratos no significa que Drummond haya comenzado nuevamente operaciones de fracking. Se trata de proyectos que permanecen suspendidos y cuya continuidad estaría condicionada, entre otros factores, por las condiciones que establezca el Gobierno nacional.

Castañeda sostuvo que la estabilidad de las reglas es uno de los principales elementos que tienen en cuenta las compañías antes de comprometer recursos en proyectos de largo plazo. En ese escenario, el Gobierno tendrá que definir si está dispuesto a generar las condiciones para que este tipo de exploración vuelva a tomar fuerza.

El tema también tiene relación con la discusión sobre la seguridad energética de Colombia. El país enfrenta el reto de mantener una oferta suficiente de hidrocarburos mientras avanza el proceso de transición hacia otras fuentes de energía.

Para el sector petrolero, aumentar la exploración permitiría ampliar las posibilidades de encontrar nuevas reservas. Para otros sectores, la prioridad debe estar en acelerar la transición energética y reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles.

La posición de Drummond agrega un nuevo elemento a esa discusión. La compañía, una de las principales productoras de carbón del país, podría volver a poner sobre la mesa sus proyectos de hidrocarburos no convencionales si las condiciones de inversión cambian.

Por ahora, no existe una fecha definida para la reactivación de los cuatro contratos. La decisión dependerá de las condiciones jurídicas, tributarias y económicas que establezca el Gobierno, así como de los procedimientos que correspondan ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

El debate apenas comienza, pero el mensaje del sector es claro: existe interés empresarial en retomar proyectos de exploración no convencional, siempre que las reglas permitan asumir inversiones de largo plazo con mayor certeza.

La eventual reactivación del fracking volverá a enfrentar dos posiciones que llevan años en discusión en Colombia: la necesidad de encontrar nuevas reservas para garantizar el abastecimiento energético y las preocupaciones ambientales relacionadas con la explotación de yacimientos no convencionales.