La Asamblea Departamental del Atlántico desarrolló una nueva sesión ordinaria en la que los diputados centraron sus debates en asuntos relacionados con la educación superior, la protección de los bienes públicos y el panorama institucional del departamento. Durante la jornada, la situación administrativa de la Universidad del Atlántico y la formalización jurídica de varios inmuebles oficiales ocuparon buena parte de la agenda de la corporación.

La sesión estuvo encabezada por el presidente de la Asamblea, Estéfano González Díaz Granados, quien inició el encuentro con un mensaje sobre el momento político que atraviesa el país tras la reciente elección presidencial. El dirigente invitó a los diferentes sectores a fortalecer la institucionalidad democrática y respaldar los procesos que contribuyan a la estabilidad nacional.

En el desarrollo de la plenaria, la diputada Lourdes López presentó una iniciativa orientada a revisar el estado jurídico de varios predios donde actualmente funcionan dependencias estratégicas de la administración departamental. Entre los inmuebles mencionados se encuentran la sede de la Gobernación del Atlántico, la Asamblea Departamental, la Oficina de Pasaportes, la Secretaría de Salud y las instalaciones del Tránsito Departamental.

La diputada explicó que el objetivo es avanzar en los procesos de saneamiento y formalización de estos bienes para garantizar su seguridad jurídica y fortalecer la protección del patrimonio público. La propuesta contempla además gestiones conjuntas con el Concejo Distrital de Barranquilla para facilitar la obtención de escrituras y la regularización de la propiedad de estos inmuebles.

Por su parte, el presidente de la corporación respaldó la iniciativa y destacó que contar con bienes públicos plenamente legalizados permite una mejor gestión institucional y brinda mayores garantías para la conservación de los activos que pertenecen a todos los atlanticenses.

Uno de los puntos más relevantes de la jornada estuvo relacionado con la situación de la Universidad del Atlántico, institución que permanece bajo intervención del Gobierno nacional desde diciembre de 2025. Los diputados Carlos Rojano y Roberto Rodríguez lideraron un debate en el que expresaron inquietudes frente al desarrollo del proceso administrativo que actualmente atraviesa el alma máter.

Durante su intervención, Carlos Rojano manifestó preocupación por versiones relacionadas con posibles procesos de contratación y nombramientos que se estarían adelantando en medio de la etapa de intervención. El diputado consideró necesario conocer con mayor detalle el estado actual de la institución y solicitó que el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, en calidad de presidente del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, presente un informe ante la Asamblea sobre la evolución del proceso.

Como resultado de la discusión, la plenaria aprobó el envío de una comunicación oficial dirigida al rector interventor, al gobernador del Atlántico y a los integrantes del Consejo Superior Universitario, solicitando evaluar la conveniencia de evitar nuevas contrataciones o nombramientos mientras se desarrolla la actual transición administrativa.

El diputado Roberto Rodríguez respaldó la propuesta y sugirió que una comisión de la Asamblea visite las instalaciones de la Universidad del Atlántico para conocer directamente la situación institucional, académica y administrativa de la principal universidad pública del departamento.

La corporación consideró que el seguimiento a este proceso resulta fundamental debido al papel estratégico que cumple la Universidad del Atlántico en la formación profesional de miles de estudiantes de la región Caribe y en el desarrollo académico y científico del departamento.

Al concluir la sesión, Estéfano González Díaz Granados reiteró que la Asamblea continuará ejerciendo control político sobre los asuntos de interés para los ciudadanos y mantendrá especial atención a temas relacionados con la educación pública, la defensa del patrimonio departamental y el fortalecimiento de las instituciones.

Los diputados coincidieron en que la protección de los bienes públicos y la estabilidad de la Universidad del Atlántico son prioridades para garantizar el desarrollo del departamento y preservar la confianza de los ciudadanos en las entidades encargadas de impulsar el progreso regional.