La administración del presidente Donald Trump inició una nueva ofensiva judicial para revocar la ciudadanía estadounidense de 17 personas naturalizadas, en uno de los procesos de desnaturalización más amplios impulsados por el Gobierno federal en los últimos años.
De acuerdo con información conocida por CBS y reseñada por Caracol Radio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acciones contra ciudadanos naturalizados que, presuntamente, habrían obtenido la ciudadanía mediante fraude, ocultamiento de información relevante o incumplimiento de los requisitos legales exigidos durante sus procesos migratorios.
Entre los casos mencionados aparecen dos relacionados con Colombia. Uno corresponde a una mujer señalada por las autoridades estadounidenses como hija de un narcotraficante colombiano, quien enfrenta acusaciones por lavado de dinero. El otro involucra a un exsacerdote católico nacido en Colombia, investigado por presunto abuso sexual contra menores.
Las autoridades también reportaron que dentro del grupo de 17 personas hay ciudadanos naturalizados condenados o acusados por delitos sexuales contra menores, fraude financiero, fraude migratorio y uso de identidades falsas.
El proceso de desnaturalización permite al Gobierno de Estados Unidos acudir ante los tribunales para retirar la ciudadanía a una persona naturalizada cuando considera que esta fue obtenida de manera irregular. Sin embargo, cada caso debe ser revisado por un juez, por lo que la pérdida de ciudadanía no ocurre de forma automática.
La medida hace parte de la política migratoria más estricta impulsada por la administración Trump, que ha defendido mayores controles sobre los procesos de naturalización y permanencia en el país. Para el Gobierno estadounidense, estas acciones buscan proteger la integridad del sistema migratorio y evitar que personas con antecedentes graves o información falsa accedan a beneficios legales.
El anuncio ha generado atención entre organizaciones defensoras de migrantes, que advierten sobre la necesidad de garantizar el debido proceso y evitar que estas acciones se utilicen de manera indiscriminada contra comunidades inmigrantes.
Por ahora, los 17 casos avanzarán en instancias judiciales, donde las autoridades deberán demostrar si existió fraude, ocultamiento de información o incumplimiento de requisitos en los procesos de naturalización. La decisión final quedará en manos de los tribunales federales de Estados Unidos.
