La defensa de Nicolás Petro Burgos anunció la radicación de una denuncia penal contra la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt, tras la filtración de una carta institucional dirigida a directivas de la Fiscalía General de la Nación y relacionada con procesos que involucran al exdiputado del Atlántico y a su entorno familiar.
El abogado Alejandro Carranza aseguró que el documento confirma por escrito varios de los cuestionamientos que la defensa ha venido exponiendo públicamente. Según el jurista, la fiscal habría incurrido en presuntas irregularidades al divulgar información reservada de la familia de Petro Burgos.
Entre los señalamientos más graves, Carranza afirmó que se habría expuesto la imagen de un menor de edad, incluyendo rasgos físicos, lugares y rutinas familiares, pese a que existían advertencias previas sobre posibles riesgos de seguridad para el niño.
La defensa también cuestionó referencias hechas por la fiscal sobre la pérdida gestacional de Laura Andrea Ojeda Estupiñán. De acuerdo con Carranza, esas menciones habrían vulnerado derechos de la mujer y expuesto aspectos íntimos de su vida médica y familiar, por lo que calificó el hecho como una forma de violencia institucional.
Otro de los puntos señalados por la defensa tiene que ver con la supuesta filtración de información relacionada con una investigación contra Ojeda. Carranza sostuvo que Laura Andrea Ojeda no tuvo conocimiento formal ni informal del proceso durante 2025 y que solo se enteró por medios de comunicación el 28 de febrero de 2026.
El abogado también puso en duda algunos argumentos jurídicos expuestos por la fiscal Laborde frente a restricciones internacionales y audiencias virtuales. Según la defensa, se habría confundido el alcance de reglas OFAC con la posibilidad de atender actuaciones judiciales de manera remota.
Ante estos hechos, Carranza hizo un llamado a la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón para que aparte a Lucy Marcela Laborde de los procesos relacionados con Laura Ojeda. Además, confirmó que ya fueron presentadas una recusación, una denuncia penal y solicitudes de medidas cautelares ante instancias nacionales e internacionales.
El caso suma un nuevo capítulo de tensión jurídica alrededor de Nicolás Petro Burgos, en medio de los procesos que enfrenta y de las reclamaciones de su defensa sobre garantías procesales, reserva de información y protección de derechos fundamentales de su núcleo familiar.
