La controversia por las nuevas reglas para la realización y publicación de encuestas electorales en Colombia escaló a un nuevo escenario político. El Consejo Nacional Electoral reconoció que la Ley 2494 de 2025, que modificó el marco regulatorio de estos estudios, tiene componentes restrictivos y anunció que acudirá al Congreso de la República para proponer cambios en la próxima legislatura.

El pronunciamiento se produjo después de que la firma española GAD3 anunciara que dejará de realizar encuestas electorales en Colombia, al considerar que las exigencias actuales hacen prácticamente inviable el desarrollo de mediciones de intención de voto bajo los criterios definidos por la Comisión Técnica del CNE.

Álvaro Montenegro, comisionado del Consejo Nacional Electoral, señaló que varias empresas del sector han advertido que la norma resulta demasiado estricta y que, además, no estaría teniendo en cuenta nuevos métodos de muestreo usados actualmente por las firmas especializadas. Según explicó, el CNE ya trabaja en un documento que será presentado ante el Legislativo con el propósito de ajustar la ley.

Montenegro precisó que la iniciativa no se tramitará de manera reservada, sino que será llevada formalmente al Congreso para su discusión pública. El objetivo, según el funcionario, es revisar los puntos que han generado mayores dificultades operativas para las encuestadoras, sin desmontar los controles que buscan garantizar transparencia y rigor técnico en los estudios políticos y electorales.

La Ley 2494 de 2025 cambió las reglas para la elaboración, divulgación y vigilancia de encuestas de opinión política e intención de voto. Entre sus disposiciones se encuentran mayores requisitos técnicos, nuevas obligaciones de trazabilidad, entrega de insumos al CNE, conservación de información por al menos dos años y la creación de una Comisión Técnica de Vigilancia de Encuestas.

Uno de los puntos más cuestionados por las firmas es la interpretación sobre la representatividad de las muestras. De acuerdo con lo señalado por GAD3, la Comisión Técnica estaría privilegiando las encuestas presenciales domiciliarias y exigiendo que sea verificable que cualquier ciudadano tuvo una probabilidad cierta y cuantificable de ser seleccionado para el estudio, una condición que la firma considera difícil de garantizar en investigaciones sobre intención de voto.

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, había explicado que la comisión de encuestas fue creada por mandato legal y que está integrada a partir de hojas de vida enviadas por universidades acreditadas en alta calidad en áreas de estadística. También aclaró que dicha comisión cumple un papel asesor, mientras que las decisiones finales sobre aprobación o sanciones corresponden a la sala plena del Consejo Nacional Electoral.

Quiroz sostuvo además que el CNE entiende las preocupaciones del sector, pero insistió en que la entidad debe aplicar la legislación vigente y garantizar reglas claras para todos los actores. En medio de la discusión, el organismo electoral busca equilibrar dos objetivos que hoy parecen en tensión: fortalecer la confianza ciudadana en las encuestas y evitar que la regulación termine bloqueando el trabajo técnico de las firmas.

La polémica ha sido alimentada por varias encuestadoras que han calificado la norma como una “ley mordaza”, al considerar que limita la circulación de información electoral en plena antesala de las elecciones presidenciales de 2026. Para estas empresas, el aumento de requisitos técnicos, operativos y documentales puede elevar los costos y reducir la frecuencia de mediciones disponibles para ciudadanos, campañas y medios de comunicación.

Con el anuncio del CNE, la discusión pasará ahora al terreno legislativo. El Congreso tendrá la última palabra sobre una eventual reforma a la Ley 2494, mientras las firmas encuestadoras esperan que los ajustes permitan mantener controles técnicos sin hacer inviable la publicación de estudios electorales en Colombia.