El Gobierno nacional dio un paso clave en la implementación de la reforma pensional tras expedir un decreto que establece las condiciones para el traslado de aproximadamente 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, una decisión que ha generado amplio debate en el ámbito económico y político.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 0415 de 2026, firmado por los ministerios de Hacienda y Trabajo, y reglamenta el movimiento de recursos correspondientes a afiliados que decidieron trasladarse del régimen privado al público en el marco de la reforma aprobada en 2024.

De acuerdo con la normativa, las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán realizar el traslado de estos recursos en un plazo máximo de 30 días, dividido en fases. En el caso de afiliados activos, se establece que el 50 por ciento del dinero deberá ser transferido en los primeros 20 días y el restante en los 10 días siguientes, mientras que para quienes ya se encuentran pensionados el proceso deberá cumplirse en un periodo más corto.

Los recursos corresponden principalmente a ahorros de trabajadores cercanos a la edad de jubilación, quienes se acogieron a la denominada ventana de traslado contemplada en la reforma pensional. Este dinero, que incluye capital y rendimientos, será administrado por Colpensiones con el objetivo de fortalecer el sistema público y ampliar su cobertura.

Desde el Ejecutivo, la decisión se justifica como una medida para garantizar mayor equidad en el sistema pensional y asegurar la sostenibilidad del modelo público, permitiendo que más ciudadanos accedan a una pensión en condiciones más favorables.

Sin embargo, la expedición del decreto ha generado fuertes reacciones en distintos sectores. Gremios como Asofondos han advertido sobre posibles impactos en el ahorro pensional de los trabajadores y han señalado que analizarán acciones legales frente a la medida, argumentando riesgos jurídicos y financieros.

Expertos también han planteado inquietudes sobre la implementación del decreto, especialmente en relación con la liquidez de los fondos y la necesidad de convertir activos como títulos de deuda pública para cumplir con el traslado de los recursos.

El anuncio se da en un momento de alta sensibilidad económica, en el que el país discute el alcance de la reforma pensional y su impacto en las finanzas públicas. Mientras el Gobierno defiende la medida como parte de una política de justicia social, sectores críticos consideran que podría generar incertidumbre en el sistema y afectar la confianza de los afiliados.

Con la entrada en vigencia del decreto, las AFP deberán iniciar el proceso de traslado bajo la supervisión de las autoridades financieras, en un escenario que marcará el rumbo del sistema pensional colombiano en los próximos años y que seguirá siendo objeto de análisis y controversia a nivel nacional.