Una nueva fractura dentro del Gobierno Nacional sacude el sistema de salud colombiano luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara la renuncia del superintendente de Salud, Bernardo Armando Camacho Rodríguez, en medio de desacuerdos sobre el rumbo que debe tomar la intervención y liquidación de varias Entidades Promotoras de Salud en el país.
La decisión, confirmada desde el Departamento Administrativo de la Presidencia, se produce tras un choque de fondo entre el mandatario y el funcionario, quien no compartía la estrategia del Ejecutivo de continuar con la liquidación de EPS y el traslado masivo de afiliados hacia la Nueva EPS, una de las entidades más grandes del sistema.
Bernardo Camacho había asumido el cargo en propiedad en octubre de 2025, luego de la salida de Giovanni Rubiano, y su gestión se desarrolló en uno de los momentos más críticos para el sector, marcado por la intervención de varias EPS, problemas financieros y el debate nacional sobre la reforma a la salud impulsada por el Gobierno Petro.
Las diferencias se agudizaron por la preocupación frente a la capacidad operativa de la Nueva EPS para asumir un mayor número de usuarios. De hecho, el actual agente interventor de esta entidad, Jorge Iván Ospina, ha advertido públicamente que no está en condiciones de recibir de manera inmediata a más pacientes, lo que pone en duda la viabilidad de una transición acelerada dentro del sistema.
Este escenario evidencia las tensiones internas frente a la estrategia del Gobierno para reorganizar el modelo de salud, en el que la liquidación de EPS ha sido una de las principales apuestas, generando posiciones encontradas tanto dentro de la administración como en distintos sectores políticos y técnicos.
La salida de Camacho se suma a una serie de movimientos recientes en entidades clave del sector, lo que refleja la complejidad de implementar cambios estructurales en un sistema que atiende a millones de colombianos y que enfrenta dificultades financieras y operativas.
Analistas advierten que este tipo de decisiones puede impactar la estabilidad institucional en momentos en los que se requiere mayor coordinación para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud. Asimismo, el episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la capacidad del Estado para asumir el control de la atención médica en medio de un proceso de transformación profunda.
Mientras tanto, el país permanece atento a la designación del nuevo superintendente y a las medidas que adopte el Gobierno para avanzar en su estrategia de reforma, en un contexto donde la sostenibilidad del sistema y la atención oportuna a los usuarios siguen siendo los principales desafíos
