Una creciente preocupación se extiende en Bogotá tras la advertencia de autoridades y sectores políticos sobre el incremento de desapariciones de niñas y adolescentes, un fenómeno que estaría estrechamente relacionado con el aumento de redes de trata de personas en la capital del país.
La alerta fue encendida por el concejal Julián Espinosa, quien reveló cifras que evidencian una situación crítica. Según datos recientes, en 2025 se reportaron al menos 530 casos de desaparición de menores entre los 10 y 17 años, lo que posiciona a este grupo poblacional como el más vulnerable frente a este delito.
El panorama se agrava al analizar el comportamiento de la trata de personas. De acuerdo con el cabildante, este delito ha tenido un crecimiento acelerado en la ciudad, con un aumento del 123 % entre febrero de 2025 y febrero de 2026, además de un incremento sostenido del 20 % entre 2024 y 2025, cifras que reflejan una tendencia alarmante.
Espinosa advirtió que ambos fenómenos no pueden analizarse de manera aislada, ya que la coincidencia en el aumento de desapariciones y trata sugiere la posible operación de redes criminales que estarían captando a menores de edad, especialmente niñas y adolescentes.
En el Concejo de Bogotá también se ha reiterado que las jóvenes entre los 10 y 17 años concentran la mayoría de los casos reportados, lo que ha encendido las alertas sobre la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, búsqueda y protección en la ciudad.
Por su parte, otros reportes indican que en 2025 se registraron más de 300 casos de menores desaparecidos, y que en los primeros meses de 2026 la problemática continúa vigente, lo que evidencia que el fenómeno no ha sido controlado y mantiene una tendencia preocupante.
El incremento de estos delitos ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de esta población frente a estructuras criminales que operan bajo modalidades como la explotación sexual, el engaño mediante falsas ofertas laborales o la captación a través de redes sociales.
Desde distintos sectores se ha insistido en la necesidad de fortalecer la articulación entre entidades como la Policía, la Fiscalía y organismos de protección de menores, así como de implementar estrategias de prevención en entornos digitales y comunitarios.
Analistas advierten que el fenómeno responde a múltiples factores, entre ellos la desigualdad social, la falta de oportunidades y la presencia de redes criminales organizadas, lo que convierte este problema en un desafío estructural para las autoridades.
La situación ha generado llamados urgentes para que el Distrito refuerce las rutas de atención y búsqueda, así como campañas de sensibilización dirigidas a familias y comunidades, con el fin de prevenir nuevos casos.
Mientras tanto, el aumento de desapariciones y la posible expansión de la trata de personas se consolidan como una de las principales preocupaciones en materia de seguridad y derechos humanos en Bogotá, en un contexto donde la protección de niñas y adolescentes se convierte en una prioridad inaplazable para el Estado.
