El Gobierno nacional dio a conocer un nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado en Colombia, una medida que busca transformar la manera en que se calculan y aplican los cobros en las principales ciudades del país, afectando directamente a millones de usuarios.

La nueva regulación fue oficializada mediante la Resolución CRA 1032 del 24 de marzo de 2026, una normativa impulsada por el Ministerio de Vivienda, liderado por la ministra Helga María Rivas, en articulación con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y otras entidades del Estado.

Este cambio está dirigido principalmente a las empresas prestadoras que atienden a más de 5.000 usuarios, es decir, los grandes operadores del servicio en zonas urbanas, lo que significa que tendrá incidencia sobre cerca de 30 millones de colombianos, equivalente a más del 60 % de la población.

La nueva metodología redefine los criterios para fijar las tarifas, incorporando variables como la calidad del servicio, la continuidad del suministro, la eficiencia operativa, la cobertura y las condiciones ambientales. De esta manera, el Gobierno busca que los cobros reflejen costos reales y verificables, eliminando distorsiones en la facturación y promoviendo una prestación más transparente.

Uno de los principales objetivos de esta reforma es equilibrar la sostenibilidad financiera de las empresas con el acceso al agua como un derecho fundamental. En ese sentido, la ministra Helga María Rivas destacó que el nuevo esquema pretende garantizar tarifas más justas, con un enfoque social que prioriza a los usuarios sin descuidar la viabilidad de las compañías encargadas del servicio.

Desde la CRA, cuya dirección encargada está en cabeza de Gloria Narváez, se explicó que este modelo pone al usuario en el centro del sistema tarifario, reconociendo el agua como un bien público esencial y no únicamente como un servicio sujeto a lógica comercial.

Además, la normativa incluye lineamientos que obligan a las empresas a mejorar su gestión interna, optimizar el uso de recursos y fortalecer la inversión en infraestructura, mantenimiento de redes y reducción de pérdidas, aspectos clave para garantizar la calidad del servicio en el mediano y largo plazo.

El nuevo esquema también surge tras un proceso técnico y participativo que se extendió por más de cinco años, en el que se recogieron aportes de ciudadanos, expertos, instituciones académicas y actores del sector, consolidando una propuesta que busca responder a los retos actuales del acceso al agua en Colombia.

Esta reforma se da en un contexto donde el país enfrenta desafíos en materia de cobertura, eficiencia y sostenibilidad en los servicios públicos, por lo que las autoridades consideran que este ajuste tarifario permitirá avanzar hacia un modelo más equitativo y moderno.

Con la entrada en vigencia de este nuevo marco, las empresas deberán ajustar sus políticas y esquemas de cobro, mientras que los usuarios comenzarán a percibir cambios progresivos en sus facturas. La medida marca un punto de inflexión en la regulación del agua en Colombia y abre un nuevo capítulo en la relación entre el Estado, las empresas prestadoras y los ciudadanos frente a un recurso esencial para la vida.