La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión que sacude el panorama político nacional al ordenar la detención en centro carcelario de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique dentro de la investigación por el escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La determinación se produjo tras varias sesiones extraordinarias en las que los magistrados analizaron el expediente y evaluaron las pruebas recopiladas en el proceso judicial.

De acuerdo con el alto tribunal, existen indicios suficientes para avanzar con el proceso penal en contra de los dos legisladores, quienes deberán enfrentar el caso privados de la libertad mientras continúa la investigación. Ambos políticos habían sido recientemente reelegidos en las elecciones legislativas celebradas el 8 de marzo, lo que generó un fuerte impacto en el escenario político tras conocerse la decisión judicial.

La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la gestión de recursos públicos asignados a proyectos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Según la hipótesis de la Corte, algunos congresistas habrían recibido ofrecimientos o beneficios a cambio de respaldar operaciones de crédito público desde el Congreso, especialmente dentro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Las indagaciones señalan que, como contraprestación por su apoyo político, se habrían impulsado contratos y proyectos financiados con recursos de la entidad en municipios de diferentes regiones del país. Entre los territorios mencionados en el expediente se encuentran Cotorra en Córdoba, Saravena en Arauca y El Carmen de Bolívar en Bolívar, donde presuntamente se habrían direccionado obras y contratos.

Además de ordenar la captura de Manzur y Manrique, la Corte Suprema también decidió llamar a juicio a otros congresistas vinculados al mismo expediente. Entre ellos figuran Liliana Bitar, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo, así como el excongresista Juan Diego Muñoz, quienes seguirán vinculados al proceso mientras avanza la investigación judicial.

El proceso ha sido uno de los más relevantes en materia de corrupción política en los últimos años debido al alcance de las presuntas irregularidades y al número de funcionarios públicos involucrados. Las investigaciones apuntan a una posible red de favores políticos y asignación de contratos financiados con recursos del Estado destinados originalmente a atender emergencias y desastres naturales.

Con esta decisión, el alto tribunal también notificará al Congreso de la República para que se adelanten los procedimientos correspondientes frente a la situación jurídica de los legisladores mientras continúa el proceso penal. La medida marca un nuevo capítulo en el escándalo de la gestión del riesgo, un caso que ha provocado múltiples investigaciones y capturas de funcionarios públicos durante los últimos meses.

El expediente continúa en etapa judicial y será en las siguientes fases del proceso donde se definirá la responsabilidad penal de los implicados. Mientras tanto, el caso sigue generando repercusiones políticas y judiciales en el país, al involucrar a figuras que recientemente obtuvieron respaldo electoral y que ahora enfrentan una compleja situación ante la justicia colombiana.