La Corte Suprema de Justicia abrió un nuevo capítulo en la investigación que involucra al representante a la Cámara David Racero, luego de que la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal decidiera citarlo a indagatoria para que explique su presunta relación con irregularidades en el denominado caso fruver. La diligencia judicial se realizará el próximo 9 de marzo en el despacho del magistrado César Reyes, quien lidera el proceso dentro de la corporación.

El caso tiene su origen en denuncias conocidas públicamente en 2024, cuando se difundieron conversaciones y documentos que sugerían que integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo del congresista habrían realizado labores relacionadas con un negocio familiar de frutas y verduras ubicado en Bogotá. Según las versiones que investiga la Corte, uno de los asesores del equipo de Racero habría sido encargado de revisar cuentas o colaborar con la operación del establecimiento, lo que generó cuestionamientos sobre el posible uso indebido de recursos del Congreso para actividades privadas.

Ante estas acusaciones, el alto tribunal decidió avanzar con la citación a indagatoria, un procedimiento mediante el cual el investigado tiene la oportunidad de responder directamente ante los magistrados y entregar su versión de los hechos. En esta etapa del proceso, la Corte busca establecer si existen elementos suficientes para continuar con la investigación penal o si el expediente debe tomar otro rumbo dentro del sistema judicial.

La indagatoria se produce en medio de un contexto político relevante, ya que Racero, integrante del Pacto Histórico y expresidente de la Cámara de Representantes, también adelanta actividades políticas de cara a su aspiración de continuar en el Congreso. La decisión judicial se conoce mientras el congresista desarrolla su campaña para mantenerse en la vida legislativa del país.

Cabe recordar que en febrero de 2026 el Consejo de Estado ya había evaluado una demanda que buscaba retirar la investidura del parlamentario por los mismos hechos. En esa oportunidad, el tribunal administrativo decidió negar la solicitud al considerar que las pruebas presentadas no eran suficientes para sustentar la pérdida del cargo.

A pesar de esa decisión en el ámbito administrativo, la investigación penal continúa su curso en la Corte Suprema de Justicia, entidad que tiene la competencia para investigar y juzgar a los congresistas del país. La diligencia de indagatoria será clave para determinar el avance del proceso y para establecer si las denuncias tienen fundamentos que ameriten nuevas acciones judiciales.

El caso ha generado debate en el escenario político nacional, ya que plantea interrogantes sobre el uso de los equipos de trabajo legislativo y los límites entre la actividad pública y los intereses privados de los funcionarios elegidos por voto popular. Mientras tanto, la Corte Suprema continuará recopilando pruebas y escuchando a los implicados para esclarecer los hechos relacionados con el llamado caso fruver.