El Gobierno Nacional expidió una serie de decretos extraordinarios para enfrentar las afectaciones generadas por la temporada invernal en varias regiones del país, una decisión que ha generado debate político debido a que habilita la contratación directa en pleno periodo de Ley de Garantías. Las medidas buscan agilizar la respuesta estatal frente a los daños provocados por las lluvias, especialmente en departamentos como Córdoba, Cauca, Chocó, Antioquia, Nariño, Bolívar, Magdalena y La Guajira.

Uno de los decretos más relevantes es el 0175 de 2026, el cual permite a las entidades públicas contratar bienes y servicios sin procesos de licitación tradicional, con el argumento de acelerar las acciones de atención y mitigación de la emergencia ambiental. La normativa también autoriza adicionar contratos por encima del límite habitual del 50 por ciento, siempre que estén directamente relacionados con la atención de la ola invernal, lo que ha despertado cuestionamientos desde sectores políticos que advierten sobre los controles durante la época electoral.

Según lo establecido, las contrataciones deberán cumplir únicamente con las formalidades básicas contempladas en la legislación vigente, aplicando disposiciones de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. El Ejecutivo sostiene que estas herramientas excepcionales son necesarias para garantizar una respuesta rápida ante las emergencias, mientras que críticos consideran que la flexibilización podría abrir espacios de discusión sobre transparencia y supervisión de los recursos públicos.

Además del decreto relacionado con contratación, el paquete normativo incluye otras disposiciones económicas y sociales. Entre ellas se encuentra la creación de un impuesto temporal al patrimonio para empresas con altos activos, medidas para agilizar la compra de tierras y atender zonas afectadas por inundaciones, así como acciones para garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar en regiones donde se suspendieron clases por la emergencia climática. También se estableció un aporte adicional del sector energético para financiar procesos de recuperación ambiental y ajustes en la operación de represas.

La expedición de estos decretos se produce en medio de un ambiente político sensible por la cercanía de procesos electorales, lo que ha llevado a varios sectores a exigir mayor vigilancia sobre el uso de las facultades extraordinarias. Mientras el Gobierno defiende que las decisiones responden a la urgencia de atender a miles de familias afectadas por las lluvias, el debate público continúa centrado en el equilibrio entre la rapidez de la gestión estatal y la necesidad de mantener controles estrictos en la contratación pública.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca fortalecer la capacidad de reacción frente a los impactos del invierno y garantizar la ejecución de proyectos prioritarios en las zonas más golpeadas, mientras el Congreso y distintos actores políticos siguen analizando las implicaciones jurídicas y administrativas que tendrá la aplicación de estos decretos en el contexto electoral actual.