El concejal de Barranquilla Alexis Castillo volvió a referirse públicamente al proceso judicial que enfrenta por presunta violencia intrafamiliar, asegurando que su captura estuvo relacionada con su ausencia a varias citaciones realizadas por la Fiscalía dentro del caso. El cabildante explicó que actualmente recuperó su libertad y que el proceso continúa en etapa judicial mientras avanza en acuerdos personales con su expareja.

Durante declaraciones recientes, Castillo reconoció que no acudió a los llamados del ente investigador, situación que habría motivado la orden judicial que derivó en su detención. Según indicó, la ausencia a las diligencias fue un factor determinante dentro del proceso, aunque insistió en que ahora busca avanzar en soluciones que permitan reducir el conflicto familiar y garantizar estabilidad para sus hijos.

El concejal también aseguró que, tras lo ocurrido, se están construyendo compromisos conjuntos con su expareja enfocados en medidas de restauración y no repetición, una estrategia que, según afirmó, busca priorizar el bienestar del núcleo familiar. En medio de la controversia, manifestó que algunos sectores políticos han aprovechado la situación para generar debate público alrededor de su caso, lo que ha incrementado la atención mediática sobre su situación jurídica.

El proceso judicial continúa mientras las autoridades evalúan los avances del expediente y las posibles decisiones que se adopten en las próximas audiencias. Entretanto, el caso ha generado diversas reacciones en el ámbito político local, donde el desarrollo de los hechos mantiene bajo análisis la continuidad del cabildante en su actividad pública y el impacto que pueda tener la investigación en el escenario político de la ciudad.

Mientras avanza el trámite legal, expertos recuerdan la importancia del debido proceso y la presunción de inocencia, al tiempo que subrayan la necesidad de que este tipo de situaciones se tramiten bajo criterios de justicia restaurativa cuando existen menores involucrados. El episodio vuelve a poner en discusión el papel de los servidores públicos frente a investigaciones judiciales y cómo estos procesos influyen en la percepción ciudadana sobre la transparencia y la responsabilidad política.