La muerte de una mujer de 79 años en un dispensario de medicamentos en Cúcuta volvió a poner en el centro del debate la situación que atraviesa el sistema de salud en Colombia, especialmente en lo relacionado con la entrega de tratamientos esenciales. El caso ocurrió mientras la adulta mayor esperaba recibir medicamentos en un punto de atención que presta servicios a usuarios de la Nueva EPS, situación que generó fuertes reacciones por parte de entidades defensoras de derechos humanos y organizaciones del sector.

Según la información conocida, Cecilia Quintero se encontraba realizando fila en el dispensario cuando sufrió una emergencia que terminó con su fallecimiento, hecho que despertó cuestionamientos sobre las demoras y dificultades que enfrentan los pacientes para acceder a sus tratamientos. Desde la Defensoría del Pueblo se expresó preocupación por lo ocurrido y se advirtió que la crisis en la entrega de medicamentos ha alcanzado niveles alarmantes que afectan directamente la vida de las personas, señalando que situaciones como esta evidencian fallas estructurales dentro del sistema.

La muerte de esta abuela mientras peleaba por sus medicamentos en un dispensario en #Cúcuta debe definir responsabilidades penales de nuestros dirigentes. Se trata de asesinatos culposos de usuarios de un sistema que colapsaron intencionalmente? Quién responde? @petrogustavo pic.twitter.com/DByyPhLHCP

— Gabriel Angarita (@AntenaGabriel) February 24, 2026

La entidad enfatizó que no se puede normalizar que ciudadanos pierdan la vida mientras esperan atención médica o la entrega de fármacos, subrayando que la salud debe garantizarse con oportunidad y eficiencia. Además, recordó que se han venido realizando seguimientos a compromisos adquiridos por la Nueva EPS para mejorar la prestación del servicio, aunque los resultados aún no han logrado frenar las dificultades que enfrentan muchos usuarios en diferentes regiones del país.

Por su parte, la caja de compensación Cafam lamentó el fallecimiento y anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho, aclarando que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las causas clínicas del deceso. La Nueva EPS también informó que trabaja en coordinación con entes de control y solicitó acompañamiento de la Superintendencia Nacional de Salud para revisar lo ocurrido y garantizar transparencia en el proceso.

El caso ha generado indignación entre usuarios y organizaciones sociales, quienes consideran que la muerte de la adulta mayor refleja el impacto humano de los retrasos en la entrega de medicamentos y las barreras administrativas que enfrentan muchos pacientes. Mientras avanzan las investigaciones, el episodio vuelve a encender el debate nacional sobre la atención en salud y la urgencia de adoptar medidas que permitan garantizar el acceso oportuno a tratamientos, especialmente para personas en condiciones de vulnerabilidad que dependen del sistema para preservar su calidad de vida.