El Gobierno nacional anunció una nueva estrategia para enfrentar la criminalidad en Barranquilla y el área metropolitana con la publicación de recompensas económicas dirigidas a quienes entreguen información que permita ubicar y capturar a los principales líderes de estructuras delincuenciales que operan en la región Caribe. La decisión se conoció tras un consejo de seguridad realizado en la base militar de Cacom 3, donde participaron autoridades nacionales, departamentales y municipales con el objetivo de fortalecer las acciones contra organizaciones como Los Costeños, Los Pepes y el Clan del Golfo.

Durante el encuentro, el ministro de Defensa explicó que la ofensiva busca desarticular a los responsables de hechos violentos que afectan la seguridad ciudadana y que las recompensas varían según el nivel de liderazgo dentro de las estructuras criminales. Entre los señalados se encuentran alias Carlos Muletas y alias Caín, por quienes se ofrecen hasta 140 millones de pesos, así como otros cabecillas con montos menores destinados a incentivar la colaboración de la comunidad.

Las autoridades enfatizaron que el mensaje principal es que el Estado mantendrá una presión constante contra quienes promuevan delitos como extorsión, homicidio o secuestro, incluso en medio de procesos de diálogo que puedan existir entre bandas rivales. Desde el Gobierno se reiteró que ningún acercamiento entre organizaciones ilegales será interpretado como un permiso para continuar con actividades criminales y que la fuerza pública seguirá actuando para proteger a la ciudadanía.

El gobernador del Atlántico destacó que la región avanza en una estrategia integral que incluye mejoras en infraestructura policial, fortalecimiento de la inteligencia y mayor inversión en tecnología para combatir el delito. Sin embargo, también advirtió sobre las dificultades que enfrentan las autoridades cuando personas capturadas por porte ilegal de armas recuperan la libertad rápidamente, situación que, según indicó, afecta la confianza institucional y la percepción de seguridad.

Además de la persecución a cabecillas criminales, el Gobierno anunció incentivos económicos para denunciar delitos electorales, con el objetivo de blindar el proceso democrático frente a posibles intentos de manipulación o presión por parte de organizaciones ilegales. Esta medida se suma al despliegue de miles de uniformados en todo el país para garantizar que la jornada electoral se desarrolle sin interferencias.

Las cifras recientes de homicidios y hechos violentos en Barranquilla y su área metropolitana han generado preocupación entre las autoridades, que buscan reducir el impacto del sicariato y el microtráfico en la región. Con esta nueva ofensiva, el Gobierno pretende enviar un mensaje de cero tolerancia frente al crimen organizado y reforzar la coordinación entre instituciones para recuperar la tranquilidad en el territorio.