Una jornada marcada por la tensión se vivió en el Centro Administrativo Nacional, en Bogotá, luego de que una protesta indígena generara el bloqueo de accesos a varias entidades públicas y dejara a cientos de trabajadores sin posibilidad de salir durante varias horas. Los hechos, que se extendieron gran parte del día, despertaron preocupación entre los funcionarios, quienes afirmaron sentirse retenidos contra su voluntad mientras se desarrollaban las manifestaciones.

De acuerdo con testimonios de empleados que permanecían en sus oficinas, la situación comenzó en horas de la mañana cuando grupos indígenas provenientes del Cauca realizaron cierres en los alrededores del complejo gubernamental. Varios trabajadores señalaron que, pese a intentar abandonar las instalaciones por motivos personales o de salud, no pudieron hacerlo debido a una cadena humana que impedía la libre circulación, lo que generó momentos de angustia y tensión entre quienes estaban dentro de los edificios.

Según reportes conocidos tras la jornada, cerca de 1.500 funcionarios habrían resultado afectados por las restricciones de movilidad, mientras en el exterior los manifestantes adelantaban actividades culturales y expresiones propias de su protesta. Algunos denunciaron agresiones durante los intentos por salir del lugar, lo que incrementó el clima de preocupación entre los trabajadores y sus familias.

Desde el Distrito, las autoridades señalaron que la situación superaba sus competencias directas y pidieron al Gobierno Nacional intervenir mediante diálogo con las comunidades indígenas y acciones coordinadas con la Policía para restablecer la normalidad. Los manifestantes, por su parte, defendieron la movilización argumentando incumplimientos frente a un pliego de peticiones que incluye varios compromisos pendientes con el Estado.

La tensión se prolongó hasta la tarde, cuando se anunció la instalación de una mesa de concertación y finalmente se permitió el ingreso y salida de las personas que permanecían en el CAN. Aunque la jornada concluyó sin mayores alteraciones al orden público, las comunidades indígenas advirtieron que continuarán en Bogotá hasta recibir respuestas concretas, mientras las autoridades evalúan nuevas medidas para evitar situaciones similares que pongan en riesgo la movilidad y la seguridad de los trabajadores.