La incertidumbre y el temor se han instalado en la cotidianidad de decenas de personas que viven con VIH y están afiliadas a la Nueva EPS, quienes denuncian una grave interrupción en la entrega de medicamentos, el cierre de programas especializados y la ausencia de respuestas claras sobre la continuidad de su atención en salud. Para muchos de ellos, la situación representa una amenaza directa a su vida y un retroceso en los avances logrados durante años en el control de la enfermedad.

Pacientes que durante décadas recibieron atención integral aseguran que hoy enfrentan un panorama de abandono. Sin citas médicas, sin autorizaciones y sin acceso regular a los antirretrovirales, varios han tenido que recurrir a la solidaridad de amigos o racionar sus tratamientos para evitar un deterioro mayor de su salud. Por miedo al estigma y la discriminación, la mayoría ha pedido mantener su identidad en reserva, aunque decidió alzar la voz ante lo que consideran una vulneración de sus derechos fundamentales.

Algunos de los afectados relatan que su diagnóstico no les impidió llevar una vida productiva gracias al acompañamiento médico, psicológico y social que recibieron durante años. Sin embargo, ese modelo de atención desapareció de manera abrupta. Consultas con especialistas, controles periódicos, exámenes y programas de apoyo dejaron de prestarse, afectando con mayor gravedad a quienes, además del VIH, padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal u osteoporosis.

La interrupción en la entrega de los medicamentos antirretrovirales es el aspecto que más alarma genera entre los pacientes. Sin estos fármacos, la carga viral puede aumentar rápidamente, las defensas disminuir y aparecer infecciones oportunistas que pueden ser mortales. Algunos usuarios afirman que al acudir a reclamar sus tratamientos les informaron que los medicamentos se habían extraviado o que debían esperar nuevas órdenes, mientras su estado de salud se deteriora día tras día.

El impacto de la crisis también se refleja en la salud mental. Miedo, angustia y desgaste emocional son constantes entre los pacientes y sus familias, quienes temen que una condición hoy controlable vuelva a convertirse en una sentencia de riesgo. Varios coinciden en que el acceso oportuno a los antirretrovirales les permitió transformar el VIH en una enfermedad crónica manejable, pero advierten que la suspensión del tratamiento puede provocar recaídas graves e irreversibles.

Más allá del drama individual, los afectados advierten sobre un riesgo para la salud pública. La falta de control médico y farmacológico puede revertir los avances logrados en la reducción de la transmisión del virus, poniendo en peligro a la población en general y debilitando las estrategias de prevención y control construidas durante años.

Las cifras oficiales respaldan la magnitud del problema. El más reciente informe de la Cuenta de Alto Costo reveló que en el periodo 2025 se registraron más de 203.000 casos prevalentes de VIH en Colombia, con un incremento superior al ocho por ciento frente al periodo anterior. El documento señala una concentración significativa de casos en personas entre los 30 y 48 años, así como una mayor prevalencia en las regiones Central, Bogotá y Caribe.

En Bogotá, la situación es especialmente crítica. Voceros de pacientes de alto costo han denunciado el cierre de programas especializados por falta de contratos y pagos entre la Nueva EPS y varias instituciones prestadoras de salud. Centros de atención reconocidos dejaron de operar, dejando a miles de personas sin consultas, controles ni entrega de medicamentos. Según estas denuncias, durante los últimos meses de 2025 se radicaron miles de quejas por retrasos e interrupciones en los tratamientos, una situación que no ha sido resuelta de fondo.

El problema se extiende a otras ciudades del país, donde cientos de pacientes enfrentan escenarios similares por la falta de acuerdos contractuales y financieros. A pesar de que los antirretrovirales están incluidos en la Unidad de Pago por Capitación, los usuarios aseguran que las fallas administrativas y de gestión están trasladando la carga de la crisis directamente a quienes dependen de estos medicamentos para sobrevivir.

Ante este panorama, los pacientes hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional y a los entes de control para que intervengan de manera inmediata y garanticen la continuidad de la atención. Advierten que, de no obtener respuestas concretas, recurrirán a movilizaciones y protestas públicas para visibilizar una problemática que, aseguran, pone en riesgo vidas humanas. Mientras tanto, la espera continúa, marcada por la incertidumbre de saber que cada día sin tratamiento puede significar un retroceso grave y, en algunos casos, irreversible.