Un proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional ante el Congreso ha generado una fuerte controversia al proponer un endurecimiento del control y las sanciones contra el transporte informal e ilegal en Colombia, una iniciativa que impactaría de manera directa a los servicios prestados a través de plataformas digitales como Uber, Didi, Yango e InDriver.

La propuesta, impulsada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, busca modificar el régimen sancionatorio vigente con el argumento de proteger a los usuarios, fortalecer a las empresas legalmente constituidas y frenar prácticas que, según el Ejecutivo, operan al margen de la normatividad actual.

Dentro del articulado se establece una diferenciación clara entre transporte informal y transporte ilegal. El primero se configuraría cuando un servicio autorizado exceda las condiciones bajo las cuales fue habilitado, como operar fuera de rutas asignadas o zonas permitidas. El segundo, considerado más grave, se refiere a la prestación del servicio en vehículos particulares sin autorización oficial, categoría en la que entrarían las plataformas digitales de transporte individual.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el incremento significativo de las sanciones. La iniciativa plantea que los vehículos sorprendidos prestando este tipo de servicios sean inmovilizados por 60 días en una primera infracción, 90 días en la segunda y hasta 120 días en reincidencias posteriores, lo que supondría un golpe económico considerable para conductores y propietarios.

Además, el proyecto amplía la responsabilidad más allá de los conductores. Propietarios de inmuebles, administradores de conjuntos residenciales y centros comerciales podrían enfrentar multas que van desde 1.000 hasta 60.000 UVB si se determina que permiten, facilitan o consienten la prestación de servicios de transporte informal o ilegal en los espacios bajo su administración.

El texto también ordena reforzar las labores de inspección y vigilancia, priorizando el uso de herramientas tecnológicas y la presencia institucional en zonas estratégicas como aeropuertos, hoteles, terminales de transporte y centros comerciales, considerados puntos críticos para este tipo de servicios.

Desde distintos sectores se advierte que la iniciativa podría afectar la movilidad urbana y limitar las alternativas de transporte para millones de usuarios, mientras que otros respaldan la propuesta al considerar que busca ordenar el sector y garantizar condiciones de competencia equitativa. El proyecto ahora deberá surtir su trámite en el Congreso de la República, donde se anticipa un intenso debate sobre el futuro del transporte por aplicaciones en el país.