El proceso judicial que rodea a los exministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chávez entra en una nueva fase. El Tribunal Superior de Bogotá conformó la sala que resolverá los recursos de apelación presentados por las defensas de ambos exfuncionarios, quienes buscan revertir la medida de aseguramiento que actualmente los mantiene privados de la libertad en centro carcelario por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Instituto Nacional de Vías.

Por reparto, la magistrada Catalina Guerrero Rosas fue designada como ponente del caso, encargada de estudiar los argumentos jurídicos planteados por los abogados de los exministros. Junto a ella, las magistradas Isabel Fernández y Alejandra Ardila Polo integrarán la sala que tomará la decisión de segunda instancia sobre la situación jurídica de Bonilla y Velasco.

Las defensas solicitaron que sus representados puedan continuar el proceso en libertad mientras la investigación avanza ante la Corte Suprema de Justicia. De manera subsidiaria, pidieron que se les conceda el beneficio de detención domiciliaria, argumentando que no existen riesgos de obstrucción a la justicia ni de fuga.

Según la Fiscalía General de la Nación, los exministros habrían participado en un acuerdo ilícito destinado a asegurar mayorías en el Congreso de la República mediante el direccionamiento de recursos públicos. La fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, sostiene que entre mayo de 2023 y febrero de 2024 se configuró una estructura criminal que comprometió tanto a la UNGRD como al Invías, con el propósito de facilitar la aprobación de iniciativas legislativas y operaciones de crédito del Gobierno.

De acuerdo con la acusación, Bonilla, entonces ministro de Hacienda, y Velasco, quien ocupaba el cargo de ministro del Interior, habrían coordinado acciones con otros funcionarios y particulares para ofrecer proyectos y contratos a congresistas a cambio de su apoyo político. La Fiscalía asegura que esta dinámica incluyó la entrega y direccionamiento de obras de infraestructura y proyectos de emergencia en distintas regiones del país.

El ente investigador también señaló que a esta presunta red se habrían vinculado Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, quienes supuestamente ejecutaron el direccionamiento de los proyectos conforme a los acuerdos ilegales. La investigación indica que el esquema tuvo continuidad durante el tiempo en que Bonilla y Velasco ejercieron como ministros.

En total, la Fiscalía calcula que se habrían comprometido 74 proyectos por un valor superior a 612 mil millones de pesos, distribuidos entre iniciativas del Invías y la UNGRD, de los cuales solo una parte llegó a ejecutarse. Estos proyectos, según la acusación, habrían beneficiado a congresistas de distintas comisiones a cambio de respaldo político a las reformas del Gobierno.

Ahora será la sala del Tribunal Superior de Bogotá la que evalúe si se mantienen las medidas de aseguramiento o si, por el contrario, se accede a alguna de las solicitudes de las defensas. La decisión será clave para el rumbo del proceso y para la estrategia judicial de los exministros en uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años.