La Fiscalía General de la Nación dio marcha atrás en la solicitud de imputación de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, dentro del proceso que se adelanta por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá. La decisión se adoptó pocas horas después de que se conociera que el funcionario sería vinculado formalmente a la investigación.

De acuerdo con el ente acusador, la indagación preliminar que cursaba en la Unidad de Administración Pública no continuará en esa dependencia, al establecerse que todos los hechos relacionados con el atentado deben ser conocidos de manera exclusiva por el grupo especial creado para este caso. Esta instancia fue conformada por orden directa de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, con el objetivo de unificar criterios, pruebas y líneas investigativas alrededor del magnicidio.

La posible imputación contra el director de la Unidad Nacional de Protección había tomado fuerza luego de que se conociera una denuncia según la cual la víctima y su entorno solicitaron en repetidas ocasiones el fortalecimiento de su esquema de seguridad. Sin embargo, la Fiscalía aclaró que esa actuación no podía avanzar de forma aislada, ya que hace parte del conjunto de hechos que rodean el crimen.

En un comunicado oficial, la Fiscalía explicó que la fiscal encargada del caso decidió retirar la solicitud para evitar eventuales nulidades procesales, al reconocer que no tenía competencia sobre un proceso que fue asignado de manera integral a un equipo especializado. Por esta razón, toda la documentación y las actuaciones adelantadas serán remitidas al Grupo de Tareas Especiales que lidera la macroinvestigación.

El organismo judicial precisó que esta determinación no implica el cierre de la línea investigativa relacionada con la posible omisión en las medidas de protección, sino que su análisis continuará dentro del esquema unificado del caso. La intención es evaluar de forma conjunta los elementos probatorios y establecer si existen responsabilidades penales derivadas de la gestión de la seguridad del precandidato.

Como parte de este proceso, la Fiscalía anunció que en los próximos días se realizará una mesa técnica entre el grupo especial y la unidad que inicialmente conoció la denuncia. En ese espacio se revisarán las pruebas recolectadas y se definirá el rumbo de la investigación frente a las solicitudes de protección que habría realizado Miguel Uribe Turbay antes de su asesinato.

Con esta decisión, la Fiscalía busca concentrar todos los esfuerzos investigativos en una sola instancia, garantizando coherencia procesal y una visión integral del caso, considerado uno de los hechos criminales más graves y sensibles de los últimos años en el país.