Una seria advertencia encendió las alarmas al interior del Senado de la República por cuenta de un déficit presupuestal que podría afectar de manera directa la seguridad del Capitolio Nacional y provocar la salida de decenas de contratistas en los próximos meses. Así quedó consignado en una comunicación oficial enviada por la directora administrativa del Senado, Astrid Salamanca, al presidente de la corporación, Lidio García.

En el documento se expone que, de no resolverse el faltante de recursos antes del 31 de enero, fecha en la que entra en vigor la ley de garantías, la institución se vería obligada a no renovar cerca de 70 contratos. La situación, según se advierte, tendría consecuencias aún más delicadas, ya que comprometería la operación de los sistemas de seguridad y el apoyo logístico que presta la Policía en el Congreso.

De acuerdo con la carta, al Senado le harían falta aproximadamente 143 mil millones de pesos para cubrir gastos esenciales relacionados con la protección del recinto legislativo. Entre estos se incluyen detectores de metales, sistemas de prevención y control de incendios, talanqueras de acceso, licencias de software y otros componentes clave para el funcionamiento seguro del Capitolio.

Ante este panorama, la corporación ya elevó una solicitud urgente al Gobierno nacional para que se asignen los recursos faltantes o, en su defecto, se autorice la redistribución de fondos del rubro de inversión. Actualmente, esos recursos se encuentran comprometidos en un proyecto específico de desplazamientos, lo que limita la capacidad de maniobra financiera del Senado.

La posible no renovación de contratos también tendría un impacto social significativo. Según se detalla en la comunicación, entre las personas que quedarían sin vinculación hay al menos 41 en condición de discapacidad, así como integrantes de la fuerza pública y personas desmovilizadas que resultaron lesionadas durante el conflicto armado, quienes hoy prestan servicios en distintas áreas de la corporación.

El origen del problema estaría en la asignación presupuestal para 2026. Mientras el Senado solicitó inicialmente 203 mil millones de pesos para el rubro de inversión, el decreto presupuestal aprobado solo le otorgó 60 mil millones. Esta reducción se vuelve más crítica si se tiene en cuenta que, para el próximo año, los gastos de la entidad aumentarán en un 5,1 % por efecto del IPC de 2025 y cerca de un 23 % debido al incremento del salario mínimo, sin que exista un ajuste equivalente en los recursos asignados.

La situación deja al Congreso ante un escenario complejo, en el que la falta de recursos no solo amenaza la estabilidad laboral de decenas de personas, sino que también pone en entredicho la capacidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad y operación en uno de los edificios más importantes del Estado colombiano.