El Gobierno nacional avanza en una medida que busca proteger a los compradores de Vivienda de Interés Social frente a los efectos del aumento del salario mínimo para 2026. Tras el anuncio del incremento del 23,7 % decretado por el presidente Gustavo Petro, surgieron alertas sobre el impacto que este ajuste tendría en arriendos, bienes y servicios, incluido el valor de la vivienda VIS, que por norma se calcula con base en el salario mínimo.

Actualmente, el precio máximo de la vivienda VIS está atado a un número de salarios mínimos. Con ese esquema, el tope general de 135 salarios mínimos pasó de cerca de 192 millones de pesos en 2025 a aproximadamente 236 millones en 2026, lo que representa un incremento cercano a 44 millones de pesos. En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, donde el límite es de 150 salarios mínimos, el valor máximo se elevó de alrededor de 213 millones a más de 262 millones de pesos.

Ante este escenario, el Ministerio de Vivienda expidió un borrador de decreto que propone un cambio estructural en la forma de fijar estos precios. La iniciativa busca que los proyectos de Vivienda de Interés Social se comercialicen con valores definidos en pesos colombianos y no en salarios mínimos, eliminando así la indexación automática a los aumentos salariales.

El proyecto de decreto establece que desde el momento de la separación del inmueble, la firma de la promesa de compraventa, el encargo fiduciario o cualquier negocio similar, el precio debe quedar claramente fijado en pesos. Además, se prohíbe expresamente que las constructoras ofrezcan viviendas VIS con valores atados al salario mínimo legal mensual vigente. La norma señala que, en ningún caso, el precio podrá quedar sujeto a mecanismos de ajuste automático derivados de incrementos futuros del salario mínimo.

No obstante, el borrador contempla una excepción. Los precios solo podrían modificarse si se presentan circunstancias extraordinarias que afecten de manera comprobable los costos de los insumos de construcción. En esos casos, los ajustes deberán sustentarse técnicamente en el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones elaborado por el DANE, y no en variaciones salariales.

La propuesta también refuerza la protección al comprador. La falta de definición del precio final desde las primeras etapas del contrato, la demora injustificada en la escrituración o la inclusión de cláusulas que generen desequilibrios en perjuicio del consumidor podrían ser consideradas prácticas abusivas.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca ofrecer mayor estabilidad jurídica y financiera a las familias interesadas en adquirir vivienda VIS, permitiéndoles conocer desde el inicio el valor real del inmueble y reducir la incertidumbre generada por los incrementos anuales del salario mínimo.