Una fuerte advertencia lanzó el gremio de los comercializadores de energía frente al borrador de resolución que prepara el Gobierno nacional para el sector eléctrico. Según la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía, Marta Aguilar Méndez, la propuesta pone en riesgo a los usuarios al trasladarles costos derivados de fallas estructurales del sistema y de decisiones gubernamentales que, a su juicio, no deberían recaer sobre los consumidores.

En declaraciones recientes, Aguilar cuestionó que el planteamiento oficial convierta a los usuarios en responsables financieros de errores acumulados en el mercado eléctrico. Aseguró que el documento preliminar carga a la demanda costos que no le corresponden y advirtió que existen alternativas para ordenar el sector sin afectar directamente el bolsillo de los hogares, el comercio y la industria. En su concepto, el consumidor no puede seguir asumiendo el rol de pagador de las deficiencias del sistema.

De acuerdo con la dirigente gremial, el borrador contempla un cobro generalizado de ocho pesos que se reflejaría en la factura de energía de todos los usuarios del país, sin distinción entre residenciales, subsidiados, contribuyentes, comercio o industria. Aunque desde el Gobierno se ha mencionado la posibilidad de excluir a algunos estratos, Aguilar consideró que esa opción resulta inequitativa y poco responsable dentro del esquema propuesto.

La directora explicó que el ajuste planteado estaría orientado, principalmente, a cubrir los problemas financieros de Air-e, empresa intervenida por el Estado, y aclaró que no se trata de una situación generalizada en la región Caribe. Señaló que otras compañías, como Afinia, cumplen con sus obligaciones en el mercado y no presentan el mismo nivel de incumplimiento. En ese sentido, afirmó que es la primera vez que una empresa bajo intervención deja de responder por sus deudas corrientes mientras continúa facturando y recaudando recursos.

Al referirse al incremento en el valor de las facturas en la Costa Caribe, Aguilar sostuvo que el problema no ha sido la tarifa como tal, sino la inclusión de cobros adicionales autorizados por la regulación en el pasado. Mencionó, entre otros factores, la aplicación retroactiva de pérdidas de energía por hasta dos años y la concentración, en un solo periodo, del cobro de la opción tarifaria, lo que generó incrementos significativos por kilovatio hora para los usuarios.

Tras la intervención estatal, explicó, algunos de esos cobros fueron eliminados, aunque gran parte de los recursos ya habían sido recuperados por la empresa. Por ello, insistió en que no puede hablarse de una reducción real de tarifas, sino de la eliminación de cargas que, según el gremio, originaron buena parte de la crisis en la región.

Finalmente, Aguilar señaló que el sector enfrenta dos deudas críticas que siguen sin resolverse. Por un lado, los subsidios que el Gobierno adeuda y que, aseguró, superan los tres billones de pesos; y por otro, las obligaciones corrientes de Air-e acumuladas desde la intervención. A su juicio, el Estado cuenta con mecanismos y recursos para atender estas responsabilidades sin acudir a los usuarios como solución. En ese contexto, reiteró que priorizar el equilibrio del sistema no puede significar trasladar todos los costos a quienes ya enfrentan una alta presión económica por el servicio de energía.