La conversación telefónica sostenida entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, luego de los hechos que rodearon la captura de Nicolás Maduro, encendió nuevas alertas sobre el futuro de la región del Catatumbo, un territorio históricamente golpeado por el conflicto armado y el narcotráfico.

Desde hace varios meses, Estados Unidos ha intensificado su estrategia antidrogas en el Caribe y ha puesto especial atención en zonas consideradas estratégicas por la presencia de cultivos ilícitos y estructuras armadas ilegales. En ese contexto, el Catatumbo aparece nuevamente como uno de los puntos críticos dentro del tablero geopolítico y de seguridad regional.

Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos advierten que el aumento de la presión internacional podría derivar en una escalada militar en esta subregión del nororiente colombiano, lo que agravaría la crisis humanitaria que ya enfrentan miles de familias. El temor principal es que una mayor intervención armada genere nuevos desplazamientos forzados, confinamientos y afectaciones directas a comunidades campesinas, indígenas y víctimas del conflicto.

Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, expresó su preocupación ante la posibilidad de que acciones militares, impulsadas por exigencias externas, intensifiquen la violencia en el territorio. Según señaló, cualquier ofensiva adicional de la fuerza pública en el Catatumbo podría traducirse en un aumento significativo del número de personas desplazadas y en un deterioro acelerado de las condiciones humanitarias.

A este panorama se suma el reciente llamado de alias Iván Mordisco a otros grupos armados ilegales para conformar un frente común contra Estados Unidos. Analistas y líderes sociales consideran que una eventual articulación de estas estructuras podría provocar enfrentamientos entre distintos actores armados, incrementando el riesgo de una crisis alimentaria y de seguridad sin precedentes en la región.

Desde la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos también se hizo un llamado al Gobierno nacional para que actúe con cautela y evalúe de manera rigurosa la información de inteligencia. Advierten que señalamientos sobre alianzas criminales no deben convertirse en justificación para una intervención extranjera que complique aún más la situación del Catatumbo.

En el ámbito académico y político, se reconoce que la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos atraviesa un momento delicado. El abogado y analista Fernando Cepeda Ulloa señaló que el encuentro previsto entre Trump y Petro, programado para las primeras semanas de febrero, será determinante y se desarrollará en un escenario complejo, marcado por el debate global sobre el narcotráfico y la responsabilidad compartida en la lucha contra las drogas ilícitas.

Mientras se define el rumbo de estas conversaciones, las comunidades del Catatumbo observan con preocupación un escenario cargado de incertidumbre, en el que las decisiones diplomáticas y de seguridad podrían tener consecuencias directas sobre la vida, la estabilidad y el futuro de uno de los territorios más vulnerables del país.