La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz, continuará privada de la libertad luego de que la justicia negara una nueva solicitud de excarcelación dentro del proceso que se adelanta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La decisión fue adoptada por una juez de control de garantías de Bogotá, quien concluyó que no se han configurado los presupuestos legales para conceder la libertad por vencimiento de términos.

Durante la audiencia, el despacho judicial analizó la petición elevada por la defensa de Ortiz y determinó que el tiempo transcurrido desde la presentación del escrito de acusación no cumple con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal para este tipo de delitos. En particular, la juez explicó que en procesos como el que se sigue por presunto lavado de activos, la ley exige que pasen 240 días sin que se inicie el juicio oral para que proceda la libertad automática, plazo que aún no se ha completado en este expediente.

De acuerdo con la sustentación de la decisión, el conteo legal arroja que solo han transcurrido 158 días desde la fecha válida para iniciar el cálculo, razón por la cual la causal invocada por la defensa no resulta aplicable. La juez precisó que el simple paso del tiempo no es suficiente y que es indispensable evaluar las razones por las cuales el proceso no ha avanzado a la etapa de juicio.

En ese análisis, el juzgado concluyó que varios aplazamientos registrados dentro del proceso fueron solicitados por la propia defensa de la exfuncionaria. Según se explicó en la diligencia, uno de los retrasos obedeció a la decisión del entonces abogado de Ortiz de priorizar otra actuación judicial, a pesar de que su representada se encontraba detenida, circunstancia que impacta directamente el conteo de los términos.

La juez fue clara al señalar que la ley establece que los tiempos procesales deben ser atribuidos a la parte que los genera. En ese sentido, los aplazamientos y solicitudes promovidas por la defensa no pueden cargarse al despacho judicial ni al ente acusador para efectos de conceder beneficios procesales. También se abordó el tema de las nulidades planteadas dentro del proceso, aclarando que los tiempos derivados de su trámite tampoco pueden ser imputados al juzgado, ya que corresponden a actuaciones impulsadas por las partes.

Aunque el despacho reconoció que este tipo de solicitudes no necesariamente se formulan de mala fe, sí advirtió que tienen consecuencias jurídicas concretas y afectan el calendario procesal, lo que incide directamente en solicitudes como la libertad por vencimiento de términos.

El proceso contra Sandra Ortiz se enmarca en una investigación de mayor alcance por presuntas irregularidades en la UNGRD, considerado uno de los casos de corrupción más sensibles del actual Gobierno. En ese mismo expediente, recientemente se adoptaron medidas judiciales contra otros exfuncionarios de alto nivel, lo que confirma el avance de una investigación que continúa generando repercusiones políticas y judiciales a nivel nacional.