El candidato presidencial y exministro Juan Carlos Pinzón solicitó formalmente a la Procuraduría General de la Nación que adopte medidas preventivas y disciplinarias frente a lo que considera una posible intervención indebida en política por parte de altos funcionarios del Gobierno nacional, en el contexto del inicio del calendario preelectoral rumbo a las elecciones de 2026.

La petición fue presentada mediante una comunicación dirigida al procurador general, Gregorio Eljach, en la que Pinzón manifestó su preocupación por la defensa del orden constitucional y la integridad del sistema democrático, tras la reciente inscripción de un comité promotor de una Asamblea Nacional Constituyente impulsada y respaldada públicamente por ministros y altos funcionarios del Ejecutivo .

Según el dirigente político, estas actuaciones coinciden de manera directa con el arranque del proceso electoral para las elecciones legislativas y presidenciales, lo que, a su juicio, genera dudas sobre el respeto a la neutralidad que deben observar los servidores públicos. Pinzón advirtió que la promoción de una constituyente desde el Gobierno, en este momento político, podría afectar la equidad de la contienda democrática y comprometer la pureza del sufragio.

En su solicitud, recordó que el artículo 127 de la Constitución Política prohíbe expresamente a los funcionarios públicos utilizar su cargo para influir en causas o campañas de carácter político, así como participar en controversias políticas antes de los comicios. También citó la Directiva 013 de 2025 de la Procuraduría, que refuerza estas restricciones y alerta sobre el uso indebido de recursos públicos, bienes del Estado e infraestructura oficial con fines proselitistas.

Pinzón pidió a la Procuraduría adelantar tres acciones concretas: investigar si la conducta de los funcionarios del Gobierno configura participación indebida en política; emitir un pronunciamiento institucional claro sobre los límites de la actuación de los servidores públicos frente a reformas constitucionales en periodos preelectorales; y ejercer una vigilancia estricta para evitar el uso de recursos y bienes del Estado con fines políticos.

Finalmente, el exministro sostuvo que reformar la Constitución es una posibilidad legítima dentro de la vida democrática de los países, pero advirtió que hacerlo por impulso político, como mecanismo para conservar el poder directa o indirectamente, representa un riesgo grave para la democracia. En ese sentido, subrayó que la defensa de la neutralidad del Estado y de las reglas democráticas no es una postura ideológica, sino una obligación institucional que debe ser garantizada por los órganos de control.