El Gobierno nacional dio un paso clave en su apuesta por una Asamblea Nacional Constituyente al formalizar ante la Registraduría Nacional la inscripción de un comité promotor que busca activar el mecanismo por iniciativa ciudadana. La propuesta, impulsada por el presidente Gustavo Petro, surge en medio de las dificultades que ha tenido el Ejecutivo para sacar adelante sus reformas en el Congreso y de lo que el oficialismo denomina un bloqueo institucional.

El comité, integrado por nueve personas, fue inscrito en un acto encabezado por el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, quien explicó que el objetivo es abrir un camino distinto para lograr transformaciones estructurales que, según el Gobierno, no han sido posibles por la vía legislativa tradicional. El proceso, sin embargo, aún se encuentra en una fase inicial y deberá superar varios filtros legales y políticos antes de avanzar.

El documento base de la iniciativa, conocido en las últimas horas, expone con detalle los cambios que el Ejecutivo considera necesarios. Uno de los puntos más sensibles es la propuesta de revisar la autonomía del Banco de la República, con el fin de ajustar la política monetaria a un nuevo modelo económico que priorice la producción nacional, la economía popular, cooperativa y solidaria, y una mayor participación del Estado en sectores estratégicos.

En el texto se plantea, además, el fortalecimiento de la banca pública, la generación de empleo masivo, la eliminación de la tercerización laboral y la preservación del control estatal sobre áreas consideradas clave para el desarrollo económico del país. Estas ideas han sido reiteradas por el presidente Petro desde el inicio de su mandato y ahora toman forma dentro del proyecto constituyente.

Otro de los ejes centrales es la transformación del sistema de justicia constitucional. La propuesta contempla reemplazar la actual Corte Constitucional por un Tribunal Constitucional Autónomo, con facultades ampliadas para corregir omisiones legislativas, emitir decisiones con efectos estructurales y ordenar políticas públicas en casos de vulneraciones masivas de derechos. Según el documento, el objetivo es que la justicia deje de ser un escenario de confrontación política y se consolide como garante efectivo de los derechos ciudadanos.

El comité promotor sostiene que la convocatoria a una Constituyente se justifica por la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones y actualizar el modelo de Estado frente a las demandas sociales actuales. No obstante, el trámite aún no ha llegado al Congreso, por lo que la iniciativa permanece en etapa preliminar y su viabilidad sigue siendo objeto de debate.

Frente a las críticas que señalan un intento de perpetuarse en el poder, el presidente Petro negó de forma tajante esa intención y aseguró que la eventual Constituyente no se realizaría durante su gobierno. El mandatario rechazó cualquier comparación con regímenes autoritarios y defendió su propuesta como un mecanismo democrático para discutir cambios de fondo en el país, en contraste con lo que calificó como el deterioro del Estado Social de Derecho en administraciones anteriores.

Mientras tanto, el país entra en una nueva discusión política y jurídica sobre el alcance, los riesgos y las implicaciones de una eventual Asamblea Nacional Constituyente, en un contexto marcado por la polarización y la cercanía del calendario electoral de 2026.

No voy a ser dictador. No insulte, ni la constituyente se hará en mi gobierno.

Usted lideró el gobierno de Duque y el gobierno de Duque con el de Uribe es el de los mayores detractores del Estado Social de Derecho de la Constitución de 1991. Quedan escenas de miles de… https://t.co/jedoRO285Y

— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 27, 2025